Al menos once carpetas de investigación de denuncias contra Armando Guillermo Sanders de Mendoza, Jorge Michel Luna y otros colaboradores del exgobernador Graco Ramírez, “duermen el sueño de los justos”.
Lo anterior porque la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción se niegan a facilitar, a la defensa de las personas denunciadas, copias de los expedientes, con el pretexto de que carece de recursos económicos para tal fin.
Así ocurrió el pasado martes 24 de agosto, cuando la Fiscalía Anticorrupción solicitó una audiencia al juez de Control, Isidoro Edie Sandoval Lome para exponer:
“La Fiscalía debe sujetarse a un presupuesto y no cuenta con recursos suficientes, ni personal para sacar copias”, dijo la agente del Ministerio Público, Greta Gómez Rodríguez al juez.
Al respecto, los abogados defensores, de tres de las personas implicadas en las denuncias, refutaron que la Fiscalía Anticorrupción tuvo más de un mes y medio para digitalizar los expedientes, pero no hizo nada.
“Una defensa adecuada debe de tener copia de la carpeta de investigación sino cómo se garantiza el derecho de las personas que son imputadas”, respondió Juan Carlos Luna Avilez, uno de los abogados defensores.
Aunado a lo anterior, los abogados defensores debatieron que las leyes garantizan el derecho a una adecuada defensa que implica acceder a copias gratuitas de la carpeta de investigación.
El litigante recordó que se había fijado el próximo 24 de septiembre para formular imputación en contra de Armando Sanders de Mendoza, Jorge Michel Luna y otros funcionarios por delitos cometidos por servidores públicos.
Pero debido a este contratiempo no será posible, por eso pidió más tiempo para imponerse del caso. El juez estableció una nueva fecha: el próximo 28 de octubre a las 08:30 horas.
El proceso no avanza porque la intención de la Fiscalía Anticorrupción es retardar el caso, confió a este reportero una fuente consultada que pidió la reserva de su identidad.
El hecho no es aislado, pues en las últimas semanas, la Fiscalía Anticorrupción es exhibida por no investigar casos de corrupción, principalmente de servidores públicos de su propia institución.
En otros casos, la Fiscalía Anticorrupción decreta no ejercer acción penal, de manera especial en denuncias relacionadas con Graco Ramírez, y luego esas decisiones con revocadas por los jueces.