Un Juez Especializado de Control se pronunció porque la Fiscalía General de Justicia (FGJ) aplique el protocolo con perspectiva de infancia, en el caso de una niña de 4 años, cuya madre acusa al padre de abuso sexual.
El caso trascendió a la opinión pública porque la madre de la niña, a través de las redes sociales ha sometido a un juicio mediático al padre, a la familia de él y a los servidores públicos que no son afines a su causa.
El conflicto ha derivado en la revictimización de la niña, ya que ha sido sometida a una serie de exámenes psicológicos para recabar información y esclarecer el caso, por ese motivo el juzgador ordenó a la Fiscalía aplicar un protocolo especial.
Lo anterior debido a que los abogados defensores del padre, imputado por el delito de abuso sexual, solicitaron el auxilio judicial porque la Agente del Ministerio Público no le permite tener acceso a la información, relacionada con los peritajes.
En una audiencia celebrada la mañana del martes 9 de mayo, los defensores solicitaron a la Fiscalía que las sesiones psicológicas, pendientes por aplicar a la niña, fueran video grabadas para que también fueran analizadas por su personal.
“La video grabación es improcedente”, dijo la Agente del Ministerio Público en respuesta a la petición, porque en su opinión vulneraba la intimidad de la niña y al interés superior de la niñez.
No obstante, el Juez David Ricardo Ponce González resolvió que las video grabaciones son contempladas en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Infancia y Adolescencia, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“El punto es recabar la información y evitar la revictimización de los niños”, dijo Ponce González y acotó: las video grabaciones son para garantizar la transparencia en los peritajes”.
Fue así como, la autoridad judicial recomendó a la Fiscalía, cumplir con lo establecido en el Protocolo que busca garantizar la justicia para los niños.
En ese tenor, el padre de la niña, a través de sus abogados defensores, solicitó al Juez que la madre se abstuviera de difundir públicamente el nombre de su hija porque vulneraba los derechos del interés superior de la niñez.
La petición fue escuchada por el juzgador, quien lamentó la situación que está enfrentando la niña en el conflicto.