La Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado intentó someter a juicio a Luis Alberto I. R. al imputarle el feminicidio de Noemí Guadalupe A. S., y los homicidios de Luis Enrique G. D. y Luis Javier G. D., pero una Jueza Especializada de Control resolvió que las pruebas que presentó fueron obtenidas de manera ilícita.
En la audiencia de vinculación a proceso penal, celebrada la mañana de hoy, la Jueza, Alejandra Trejo Reséndiz resolvió no vincular a proceso penal a Luis Alberto y ordenó dar vista del caso a la Fiscalía General de la República por la omisión de la representación social en los homicidios de las tres personas.
La Fiscalía inició la investigación derivada de una denuncia anónima que señaló a Luis Alberto, como una de las personas responsables de los homicidios de Noemí Guadalupe, Luis Enrique y Luis Javier.
Un agente de la Policía de Investigación Criminal confirmó que Luis Alberto se encontraba internado en el Hospital General “José G. Parres”, de Cuernavaca, luego de que el domingo 16 de abril ingresó de emergencia, herido por un disparo de arma de fuego en la cabeza.
El agente entrevistó a Luis Alberto, en calidad víctima y así obtuvo la dirección de un domicilio, en donde posteriormente realizó un cateo y encontró el monedero y una credencial de Noemí Guadalupe, por ese motivo la Fiscalía pidió una orden de aprehensión en contra de Luis Alberto.
En la audiencia, la Defensora Pública, Griselda Álvarez dijo a la jueza que la Fiscalía nunca informó a Luis Alberto que era investigado, y la información que obtuvo de él fue violando su derecho a la no autoincriminación, por ese motivo pidió la no vinculación a proceso penal.
Alejandra Trejo reconoció la deslealtad de la Fiscalía porque desde un principio, la prueba que presentó “nació de un acto nulo”, una prueba ilícita que fue utilizada en perjuicio de Luis Alberto y pone en duda la actuación de la autoridad ministerial, porque pudo haber sido “sembrada” en el domicilio para incriminarlo.
Finalmente, la juzgadora ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que inicie una investigación, por la probable omisión de la Fiscalía de Morelos en la investigación de los asesinatos de los empleados del Instituto Nacional de Salud Pública.