- La Sección 29 del SNTSA cuestiona que una presunta irregularidad administrativa fuera calificada como “no grave” y exige claridad sobre quién debe fiscalizar los recursos públicos en Servicios de Salud de Morelos.
El manejo de recursos públicos en Servicios de Salud de Morelos quedó bajo tensión institucional.
Mediante el oficio 119/2026, fechado el 20 de febrero de 2026, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Sección 29, confrontó directamente a la Comisaria Pública en el organismo, Georgina Esther Tenorio Menéndez, tras la emisión de un acuerdo que calificó como “falta administrativa no grave” un expediente relacionado con un presunto pago indebido.
El sindicato no sólo cuestiona la calificación. También pone en duda la actuación de la autoridad fiscalizadora.
De acuerdo con el documento, la supuesta irregularidad involucra recursos de origen federal y un presunto pago indebido a un mando medio. Sin embargo, la respuesta institucional habría sido limitarse a señalar que, por tratarse de recursos federales, corresponde presentar denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación, dejando el desglose disponible en oficinas estatales.
Para la dirigencia sindical, esa postura genera una “gran duda” sobre la competencia y la responsabilidad de la Comisaría Pública para revisar y fiscalizar los recursos administrados por Servicios de Salud de Morelos.
El señalamiento es directo: si la autoridad conoce las irregularidades y decide no actuar de fondo, podría configurarse una omisión en la vigilancia del ejercicio del servicio público.
El sindicato subraya además que la persona responsable del cálculo o restricción del pago señalado es una servidora pública contratada directamente por Servicios de Salud de Morelos, cuyo nombramiento y salario dependen de su Junta de Gobierno. Es decir, se trata de personal estatal bajo supervisión interna.
En el oficio, la Sección 29 advierte que escudarse en plazos de entre cinco y siete años para investigar hechos denunciados vulnera el principio de justicia pronta y expedita, y podría permitir que conductas indebidas permanezcan impunes.
El documento fue remitido con copia a la Gobernadora Margarita González Saravia y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
El fondo del conflicto no es menor: ¿quién debe fiscalizar y sancionar cuando los recursos federales son administrados por instancias estatales? ¿Puede una falta administrativa que involucra dinero público resolverse como “no grave” sin una revisión exhaustiva?
Hasta ahora, no existe respuesta pública de la Comisaría. Lo que sí existe es una confrontación abierta entre el órgano sindical y la instancia de control interno, en un sector tan sensible como el de la salud pública.
En medio de esa disputa institucional, el eje central permanece intacto: la obligación de garantizar transparencia, legalidad y rendición de cuentas en el uso de recursos destinados a la atención de la población.
