Un hombre privado de la libertad denunció haber sido golpeado y abusado sexualmente por sus compañeros dentro de la cárcel distrital de Cuautla, en un nuevo episodio que exhibe las condiciones de violencia y desprotección al interior del sistema penitenciario estatal.
Durante una audiencia especial de auxilio judicial, celebrada la tarde del martes, el Juez Especializado de Control Samuel Nava conoció el caso y ordenó el traslado inmediato del interno al penal de Atlacholoaya, ante el riesgo inminente para su integridad física.
El afectado relató que la noche del sábado 4 de octubre fue atacado por un grupo de personas internas, quienes lo golpearon violentamente. Tras denunciar el hecho, acusó a las autoridades penitenciarias de no garantizar su seguridad y de haberlo amenazado para que retirara la queja. Sin embargo, al negarse, fue nuevamente agredido y víctima de violación sexual.
Autoridades en silencio y un sistema rebasado
Cuestionado sobre el caso, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano, afirmó desconocer el hecho pero reconoció la crisis penitenciaria en Morelos:
“Tenemos una sobrepoblación del 55%, celdas con 10 personas cuando deberían ser de cuatro. No tenemos recursos para construir una cárcel nueva, pero estamos trabajando en dignificar las instalaciones”, declaró en conferencia de prensa.
El funcionario sostuvo que existe coordinación con el Tribunal Superior de Justicia para autorizar traslados de personas consideradas de alta peligrosidad, aunque señaló que algunos jueces los han revertido argumentando violaciones a derechos humanos.
Un patrón que se repite
Este caso no es aislado. Se suma a múltiples denuncias de violencia, extorsión y abuso dentro de los penales de Morelos, donde la Comisión de Derechos Humanos ha documentado hacinamiento, falta de custodia suficiente y condiciones indignas para las personas privadas de libertad.
El propio secretario admitió que en los últimos seis meses se ha reconocido la sobrepoblación carcelaria sin que existan recursos ni infraestructura suficiente para atenderla.
El traslado del interno a Atlacholoaya representa una medida de emergencia, no una solución estructural. Mientras tanto, el caso vuelve a poner bajo la lupa las omisiones del sistema penitenciario y la responsabilidad del Estado de garantizar la vida e integridad de quienes se encuentran bajo su custodia.