Un informe reciente de la UNESCO alerta sobre el creciente uso indebido del sistema judicial para intimidar periodistas y limitar la libertad de expresión, destacando un aumento en las leyes penales y demandas civiles por difamación.
El informe de la UNESCO señala que al menos 160 países mantienen actualmente leyes penales sobre difamación, pese a los esfuerzos internacionales para su despenalización.
Estas disposiciones legales están siendo utilizadas de manera creciente para intimidar a periodistas, activistas y críticos, especialmente mediante demandas estratégicas conocidas como SLAPP (Demandas Estratégicas contra la Participación Pública).
Según la UNESCO, estas demandas buscan agobiar económicamente y psicológicamente a las personas acusadas, generando autocensura y limitando severamente la libertad de prensa.
Además, el reporte destaca el impacto desproporcionado de las indemnizaciones civiles en casos de difamación, con montos excesivos que pueden conducir al cierre de medios y provocar efectos de censura indirecta.
El documento también resalta casos específicos de abusos judiciales durante la pandemia de COVID-19, cuando gobiernos en diversos países recurrieron a cargos penales por difusión de información falsa o injurias contra autoridades, agravando la vulnerabilidad de periodistas.
Finalmente, la UNESCO insta a los países a revisar y derogar leyes que contradigan estándares internacionales de derechos humanos y a garantizar mecanismos civiles proporcionales y menos restrictivos para proteger la reputación de las personas.
Esta situación pone en alerta a organizaciones defensoras de derechos humanos y evidencia la necesidad urgente de fortalecer la protección internacional a la libertad de expresión.