Durante la audiencia celebrada este viernes en Atlacholoaya, el juez rechazó la solicitud de nuevas restricciones para el imputado, pero amplió el tiempo para recabar pruebas en el proceso por violencia familiar que enfrenta el hermano del exgobernador Cuauhtémoc Blanco.
Este viernes 29 de noviembre, el juez Luis Guillermo Ortega Castillo presidió una audiencia clave en el proceso penal que enfrenta Ulises Bravo Medina, exdirigente de Morena en Morelos y hermano del exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, por el delito de violencia familiar en agravio de su exesposa, Liu León Luna.
Durante la sesión, se resolvió la ampliación del plazo para la investigación complementaria y se ratificaron las medidas cautelares previamente impuestas, rechazando la solicitud de nuevas restricciones por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Un mes y 15 días más para investigar
La audiencia, llevada a cabo en la Sala 2 del Juzgado de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones de la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, tuvo como punto central la solicitud de la FGE de un plazo adicional de dos meses para cerrar la investigación.
Según los argumentos de la Fiscalía, este tiempo era necesario para localizar a un testigo clave que podría aportar información relevante al caso.
Sin embargo, la abogada defensora de Ulises Bravo, Nayvi Ríos Sandoval, objetó esta petición, acusando a la Fiscalía de intentar alargar deliberadamente el proceso.
“No se trata de un plazo razonable, sino de una estrategia para dilatar el proceso de mi representado, Señoría”, declaró Ríos Sandoval, solicitando que el juez limitara el plazo a un mes.
Tras analizar los argumentos de ambas partes, el juez Ortega Castillo resolvió otorgar un plazo intermedio de un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria, fijando como fecha límite el próximo 15 de enero de 2024.
Debate por las medidas cautelares
Otro tema que levantó tensiones durante la audiencia fue la solicitud de la Fiscalía para imponer medidas cautelares más estrictas contra Bravo Medina, incluyendo la prohibición de salir del país y la entrega de su pasaporte. Según el Ministerio Público, estas restricciones eran necesarias ante un presunto riesgo de fuga del imputado.
La defensa rechazó categóricamente la propuesta, argumentando que la Fiscalía no presentó pruebas ni motivos suficientes para justificar dichas medidas. “Mi cliente ha cumplido con todas las disposiciones legales y no hay elementos que sustenten este supuesto riesgo”, señaló Ríos Sandoval.
El juez, tras evaluar las posturas, negó la solicitud de la Fiscalía y optó por mantener las medidas cautelares impuestas en audiencias anteriores, que incluyen la prohibición de acercarse a la víctima y de concurrir a los lugares que ella frecuenta.
Acusaciones cruzadas y tensión en redes sociales
El clima de la audiencia se volvió más tenso al final, cuando ambas partes denunciaron ataques en redes sociales que, según sus versiones, buscan perjudicar sus respectivas imágenes públicas.
Liu León Luna, habló al Juez de su preocupación por las presiones mediáticas y acusó a Bravo Medina de orquestar una campaña de rencor a su contra ya que lo acusó: “él promueve un odio a mi persona”.
Por su parte, Ulises Bravo habló de una persecución política hacia su persona: “Quiero dejar en claro que cualquier cosa que me suceda a mí hago directamente responsable a ella, como al Fiscal General del Estado”.
Un caso bajo la lupa del sistema judicial
El proceso contra Ulises Bravo Medina ha sido uno de los más mediáticos en el estado de Morelos, no solo por la notoriedad pública del imputado, sino también por el contexto de presuntas irregularidades que han rodeado las decisiones judiciales en este caso.
Aunque en días recientes un Tribunal de Alzada ordenó su vinculación a proceso penal, las audiencias continúan revelando un camino lleno de tensiones legales y mediáticas.
La próxima fecha clave será el cierre del plazo de investigación en enero de 2024, cuando se espera que la Fiscalía defina si cuenta con pruebas suficientes para sustentar su acusación.
Por ahora, el caso sigue siendo un termómetro de la imparcialidad del sistema judicial en Morelos, un estado históricamente marcado por la influencia política y la falta de confianza ciudadana en sus instituciones.