Por primera vez, el Poder Judicial Federal será integrado a través del voto ciudadano directo, con elecciones programadas para junio de 2025.
La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión ha lanzado oficialmente la convocatoria pública para la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, en un proceso electoral extraordinario que marca un hito en la historia judicial de México.
Este procedimiento responde a la reforma constitucional promulgada en septiembre de 2024, con el objetivo de acercar el sistema de justicia a la ciudadanía y reforzar la independencia de sus operadores.
Según el documento aprobado por el Senado, la elección abarcará puestos de gran relevancia, incluyendo cinco ministras y cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de magistrados de las salas superior y regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y jueces de distrito.
En total, estarán en juego 464 cargos de magistrados de circuito y 386 de jueces de distrito, seleccionados a nivel nacional y regional, respetando la paridad de género.
Este proceso forma parte de un amplio esfuerzo por democratizar el Poder Judicial, promoviendo la elección directa mediante voto libre y secreto.
«El pueblo elegirá a las personas juzgadoras, quienes responderán a sus electores como poder original», señala la convocatoria, subrayando la desvinculación de los partidos políticos en las decisiones del proceso.
De acuerdo con la convocatoria, el proceso se divide en varias etapas, que incluyen la formación de Comités de Evaluación por cada poder constitucional, la revisión de candidatos y la preparación de la jornada electoral, programada para el 10 de junio de 2025.
Las inscripciones de candidaturas estarán abiertas del 5 al 24 de noviembre de 2024. Tras una evaluación inicial, los listados de candidatos se publicarán en enero de 2025.
Requisitos y proceso de selección
Entre los requisitos para los candidatos se incluye la posesión de un título en derecho y experiencia de al menos cinco años en la práctica jurídica. Además, quienes ya ocupen cargos judiciales podrán postularse para el mismo puesto, a menos que decidan declinar.
Esta convocatoria establece una organización rigurosa, con el Instituto Nacional Electoral (INE) a cargo de la gestión y verificación del proceso, que contará con supervisión en todas las etapas, desde la propaganda hasta el escrutinio y el cómputo de votos.
Un cambio histórico
Esta elección popular de jueces y magistrados representa un ejercicio sin precedentes en la historia judicial de México y refleja una de las reformas más ambiciosas de los últimos tiempos en el país.
La convocatoria resalta que este cambio busca fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial, promoviendo una mayor independencia y cercanía con el pueblo.
«La justicia será ahora una responsabilidad de todos», apunta la convocatoria, en referencia a la posibilidad de que la ciudadanía ejerza una vigilancia constante sobre quienes impartirán justicia en su nombre.
Con esta elección, México se coloca en el mapa de las democracias judiciales, apostando por una integración del Poder Judicial que responda a los intereses de la población y garantice un acceso a la justicia más directo y participativo.