Cuatro hombres detenidos fueron vinculados a proceso por portación ilegal de armas de fuego tras un tiroteo ocurrido en la cárcel distrital de Cuautla, Morelos.
La Fiscalía General de la República (FGR) los acusó de acopio y portación ilegal de armas de fuego del uso exclusivo del ejército y fuerza aérea de México.
Una de las personas imputadas, Alejandro, presentó visibles golpes en el rostro, lo que generó dudas sobre la legalidad de su detención.
La defensa argumentó que la investigación de la FGR presenta inconsistencias y que no se ha investigado a fondo el hecho que dejó una mujer muerta y tres más heridas.
Así fue la audiencia:
El mediodía del martes 27 de febrero, el Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal (CJPF), Ignacio Pérez Aguirre encabezó la audiencia de cuatro personas detenidas tras el tiroteo ocurrido en el penal de Cuautla.
El informe policial homologado presentado por el agente del Ministerio Público, como un dato de prueba, estableció que la detención de las cuatro personas se realizó de la siguiente manera:
El domingo 25 de febrero, a las 08:35 horas, Ulises Pablo, un policía que estaba de guardia en la Ciudad Judicial escuchó varios disparos frente a la cárcel de Cuautla, ubicada en la calle Paulino Martínez de la colonia Francisco I. Madero.
El policía acudió al lugar y observó a varias mujeres heridas además vio a cinco personas armadas que viajaban en una camioneta de color blanco, con placas de la Ciudad de México, y huían con dirección al bulevar Libertadores.
Ulises Pablo informó del hecho a través de la radio y otro agente, David, quien se hallaba “pie tierra” en la calle Galeana del Centro de Cuautla, observó circular a la camioneta en sentido contrario en dicha calle con dirección al norte.
A las 08:38 horas, los agentes Jesús y Pedro, a bordo de su unidad con número económico 00927, vieron pasar la camioneta blanca por la calle Guadalupe Victoria de Cuautlixco, esquina con Insurgentes.
Minutos después, a las 08:41 horas en el Crucero de Las Palmas, los policías iniciaron la persecución con dirección al ingenio de Casasano y se sumaron más patrullas y motocicletas de seguridad pública.
Fue en la avenida Benito Juárez de Casasano en donde el conductor del vehículo en fuga perdió el control de la patrulla y colisionó contra una tienda con razón social “Ángeles de Colores”.
Del asiento trasero bajaron Marcos, Cristopher y una persona menor de edad. Del asiento del copiloto bajó Ezequiel, con un fusil en la mano, después descendió Alejandro del lado del piloto.
Las cinco personas corrieron rumbo a la calle Interocéano pero los agentes lograron darles alcance. Alejandro fue detenido cuando se lanzó, supuestamente debajo de un puente, y se golpeó con piedras que había en la maleza.
En el interior de la camioneta blanca, Honda, los policías hallaron cuatro fusiles, abastecidos con diferentes números de cartuchos útiles y de distintos calibres.
A las 08:56 horas fue detenido Ezequiel, en posesión de un arma larga, después las otras personas. Todos fueron trasladados a las 10:18 horas a la Base de Torre 21, ubicada en el poblado de Tetelcingo.
A las 16:32 horas, las personas detenidas fueron trasladadas a la Fiscalía General de la República y puestas bajo custodia del Ministerio Público.
En sus argumentos, el abogado defensor argumentó que la detención no se ajustó a lo dispuesto en el artículo 146, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales
El artículo habla sobre la detención en los supuestos de flagrancia, es decir cuando la persona es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente.
Aunado a lo anterior la persona que tuvo conocimiento del hecho, Ulises Pablo no fue entrevistado para informar detalles del hecho, ni se ofreció copia de la bitácora para corroborar su dicho.
Sin embargo, el Juez resolvió que para él fueron suficientes los datos aportados por el agente del Ministerio Público.
Tras el fallo, la Fiscalía solicitó formular imputación contra las cuatro personas por los delitos de acopio de armas y portación ilegal de armas de fuego del uso exclusivo del ejército y fuerza aérea de México.
La Fiscalía presentó dictámenes en balística, fotografía, criminalística de campo, química forense y documentos oficiales para informar al juez que las personas cometieron un hecho que la ley establece como delito.
Tras escuchar los cargos en su contra, las personas imputadas se reservaron su derecho a declarar, por consiguiente, la Fiscalía pidió al juez vincularlos a proceso penal.
Las cuatro personas imputadas renunciaron a su derecho para presentar datos de prueba a su favor y pidieron que, en ese momento, el juez resolviera su situación jurídica.
Fue en esta etapa en donde el abogado defensor dio a conocer algunos datos de prueba que integran la carpeta de investigación: como la falta de un dictamen de prueba de rodizonato de sodio para confirmar que ellos usaron las armas.
Además, otros datos de prueba no eran concordantes entre si porque mientras el informe policial homologado hablaba de una hora, el reporte de C5 decía otra. Un ejemplo fue que la camioneta había sido asegurada a las 08:53 horas.
Pero a las 10:10 horas, un reporte de C5 reportó que el jefe de la comandancia apenas pedía información para verificar en plataforma México, si el vehículo asegurado contaba con algún reporte de robo.
También se conoció que otro reporte recibido a las 08:34 minutos, informó al C5 que tres camionetas (dos blancas y una negra) realizaron disparos en la entrada de la cárcel de Cuautla y huyeron rumbo al Asoleadero de Cuautla.
El abogado exhibió a la FGR porque no investigó, por ejemplo: los casquillos que se hallaron percutidos frente a la cárcel y en las calles aledañas del penal y la falta de datos del hecho en donde una mujer y tres más fueron heridas.
Sin embargo, para el Juez de Distrito, la defensa nunca se abocó a debatir sobre la existencia de las armas y la posesión que las personas detenidas tenían dentro de su radio de acción.
Por eso, el juzgador resolvió vincular a proceso penal a Alejandro, Ezequiel, Marcos y Cristopher por el delito de portación ilegal de armas de fuego y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación.
