Los cien nuevos agentes de investigación criminal que, el pasado 23 de enero se graduaron para apoyar las acciones de investigación a los ministerios públicos de la Fiscalía, no cuentan con su principal herramienta de trabajo: las armas.
A principios de febrero, un alto mando de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) fue cuestionado respecto a ese tema y confirmó el hecho, pero justificó: “ya se solicitó ampliar la licencia colectiva de la portación de arma para agregarlos”.
Pero la versión contrasta con la información de un representante de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) quien asegura: no se ha recibido ningún expediente de los cien agentes de la nueva generación de la FGJ.
Para la fuente consultada, el problema radica en la integración de los expedientes de los nuevos agentes a la licencia oficial colectiva, se trata de un proceso largo que puede tardar entre dos y tres meses, o incluso más.
“No es de que, ya mañana tienen que estar: no. Primero que nada, ellos (la Fiscalía) deben de justificar que esos cien elementos van a ser operativos”, explicó el mando militar que pidió la reserva de sus datos por no estar autorizado.
Una vez lo anterior, la Zona Militar recibe los expedientes de cada uno de los agentes que contiene los documentos básicos como acta de nacimiento, fecha de alta y demás información requerida que se busca y coteja en Plataforma México.
“Todas las corporaciones hacen búsquedas en la plataforma y hay días que nada más te deja trabajar cuatro, cinco, seis expedientes o sea no es de que métete ahorita y mete 50 expedientes, no; la plataforma se satura”, dice el entrevistado.
La Fiscalía no es la única corporación de seguridad pública que pretende ampliar su licencia colectiva para la portación de armas. También la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) de Morelos.
“Te quiero decir que todos los viernes nos reunimos aquí, en el cuartel general: un elemento, encargado de la documentación de la Fiscalía General del Estado y un elemento encargado de la CES para ver cuál es el avance que tiene”, agrega.
El informante asegura que, hasta el momento, la zona militar no ha recibido de la Fiscalía ningún expediente de los cien agentes de investigación criminal que se graduaron en la primera generación.
“En octubre, más o menos, pero del año pasado, mandaron documentación para 22 personas, de esas 22 personas, únicamente pasaron 15, porque 7 declinaron de que ya no querían nada, ya no querían trabajar”, esos casos son los únicos.
Para los agentes, la falta de armas significa una limitación significativa en su capacidad para realizar su trabajo. Sin ellas, se encuentran en una situación de mayor riesgo al enfrentar a criminales armados.
Además, la falta de armas afecta la eficacia de las investigaciones, ya que los agentes no pueden realizar allanamientos o detenciones con la misma seguridad.
La situación contrasta con la celebración de la graduación, donde se resaltó la inversión en la formación de los agentes, con un programa avalado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
¿De qué sirve tener agentes altamente capacitados si no tienen las herramientas necesarias para cumplir con su deber?
Es urgente que la Fiscalía de Morelos agilice el proceso de integración de los agentes a la licencia oficial colectiva. No se puede permitir que la negligencia ponga en riesgo la seguridad de los agentes y la eficacia de las investigaciones.
Las autoridades estatales deben tomar medidas inmediatas para solucionar este problema. La seguridad de los ciudadanos y la justicia en Morelos dependen de ello.