El encargado de despacho del penal de Atlacholoaya, César David Chávez Patiño; un empleado del área jurídica, Rodrigo Benítez Avelar y un comandante de turno de seguridad y custodia son implicados en la libertad de una persona interna que tenía pendiente por cumplir una pena, cuyo expediente desaparecieron.
Se trata del caso de Santiago M. G., una persona de Colombia que el 6 de mayo de 2022 fue detenido junto con Jhon Eduardo, también colombiano, y dos mujeres, quienes fueron vinculados por delitos contra la salud y posesión de vehículo de procedencia ilícita
Las cuatro personas promovieron una suspensión condicional y su proceso lo siguieron en libertad, pero meses después dos de ellos: Jhon Eduardo y una de las dos mujeres procesadas, fueron asesinados.
El 12 de septiembre de ese mismo año, Santiago M. G. fue detenido por segunda ocasión por Agentes de Investigación Criminal, adscritos al Grupo de Robo de Vehículos y fue vinculado por el delito de posesión de vehículo automotor de procedencia ilícita y posesión de cuatro armas de fuego.
Pero el agente del Ministerio Público nunca informó a la Fiscalía General de la República (FGR) por cuanto al delito del fuero federal. Se presume que las armas le fueron “sembradas” porque un año después salieron a relucir una serie de irregularidades en el juicio.
Santiago M. G. obtuvo su libertad, pero durante el tiempo en que permaneció privado de su libertad, la Fiscalía le inició un tercer proceso penal en su contra junto con José Luis L. G. por robo de vehículo con violencia, y por ese motivo se mantuvo la medida cautelar de prisión sin condena.
Fue el pasado jueves 19 de octubre, cuando un tribunal de enjuiciamiento emitió sentencia de absolución a Santiago y ordenó su libertad inmediata, desde el juzgado, porque supuestamente no tenía pendiente ninguna otra causa penal en su contra.
Pero no fue así porque derivado de su primera detención, Santiago incumplió con uno de los acuerdos reparatorios a los que se comprometió por lo que se acogió a un juicio abreviado por delitos contra la salud y fue sentenciado a seis meses de prisión.
Una fuente cercana al caso reveló que la carpeta relacionada con esa causa fue desaparecida y por ese motivo, la noche del jueves, el encargado de despacho, César David Chávez y Rodrigo Benítez fueron cambiados de adscripción a la cárcel distrital de Jonacatepec.
El Coordinador de Reinserción Social, Jorge Israel Ponce de León no informó a las autoridades ministeriales para investigar y esclarecer la responsabilidad de ambos servidores públicos en el caso.
En un post, el Gobierno del Estado de Morelos sólo anunció:
“La CES Morelos informa que al momento el Centro Estatal de Reinserción Social, ubicado en el poblado de Atlacholoaya del municipio de Xochitepec, se encuentra en completa calma y trabajando de manera normal”.
En el comunicado de prensa dijo que respecto a la fuga de una persona privada de la Libertad es totalmente falso. La Comisión argumentó que el hombre fue dejado en libertad mediante oficio de fecha 19 de octubre, suscrita por la jueza especializada del tribunal de enjuiciamiento de primera instancia.
El caso de Santiago exhibe la impunidad y corrupción que existe en el Gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, ya que mantiene en el cargo a Ponce de León quien es denunciado por homicidio, tortura y tratos crueles e inhumanos en agravio de personas privadas de libertad.