Los amigos de Juan Carlos Olallo Flores le aconsejaron que mejor se fuera de Cuautla, cuando sorteó a la muerte. Él les respondió: “ya todo está solucionado”.
Pero, el pasado sábado 14, seis meses y 13 días después de ese primer atentado, la amenaza se consumó, el abogado penalista fue asesinado.
El parte informativo de la policía comunicó que el crimen se reportó a las 19:14 horas, frente a un taller de motocicletas, de la calle Flores Magón de Cuautla.
Dos personas, a bordo de una motocicleta, llegaron y dispararon cuatro veces en contra del abogado, quien convivía con un grupo de amigos.
A diferencia de la primera vez, cuando Olallo Flores fue herido de algunos rozones de bala, en esta ocasión no tuvo la misma suerte y murió en el lugar del hecho.
Como se recordará, la madrugada del sábado 1 de abril, vecinos de la calle Belisario Domínguez de la colonia Otilio Montaño, reportaron haber escuchado diez disparos de arma de fuego.
La mañana de ese día, Juan Carlos Olallo llegó al Hospital General de Cuautla. No dijo nada, cuando fue entrevistado por agentes de investigación criminal y el hecho fue manejado como intento de robo de vehículo.
A partir de esa fecha, el abogado penalista fue cauto en sus actividades diarias, se le vio acudir a sus audiencias sin compañía y dejó de frecuentar a sus amigos.
Algunos de sus colegas le aconsejaron que mejor se fuera de Cuautla y dejara pasar un tiempo, pero él se confió.
La tarde en que Olallo, como así le conocían, fue asesinado llegó de visita al taller de motocicletas donde sus amigos se encontraban bebiendo.
De manera imprevista llegaron dos personas en una motocicleta y sin quitarse el casco, uno de ellos le disparó. Ambos huyeron sin ser detenidos.
El hecho a causado indignación en la comunidad jurídica. Mañana, más de siete asociaciones de abogados darán a conocer un comunicado de prensa sobre su crimen.
Hay molestia en contra de las autoridades por la serie de homicidios. Desde hace meses la disputa entre grupos criminales ha convertido a Cuautla en una zona de guerra.
Nadie hace nada, las mismas autoridades municipales y estatales son cómplices de ello, y se habla que ellos mismos encubren a los responsables de la violencia.
Un ejemplo: el pasado mes de agosto, el Fiscal Regional, Alejandro Chávez Carmona dejó ir a integrantes, de uno de los grupos en disputa, a cambio de un soborno de un millón y medio de pesos, reveló una fuente cercana al caso.
Hasta el momento todos los servidores públicos municipales y estales, responsables de la seguridad y la procuración de justicia, se mantienen en sus cargos.
No se ve ninguna intención de que las cosas cambien.
