El país ocupa el lugar 139 de 143 en justicia penal. En la medición general de Estado de derecho cayó cuatro posiciones y registró una disminución de 2.7 % en su puntuación respecto de 2025.
Por El Guardián MX | Periodismo para la justicia
México quedó entre los cinco países y jurisdicciones con peor evaluación en justicia penal en el Índice de Estado de Derecho 2026 del World Justice Project (WJP). Ocupó el puesto 139 de 143, con una puntuación de 0.22 sobre uno, en un diagnóstico que examina desde la investigación de los delitos hasta el funcionamiento penitenciario y el respeto al debido proceso.
El informe, publicado este 21 de octubre, también documenta un retroceso general: México obtuvo 0.39 puntos y se ubicó en el lugar 125 del mundo, cuatro posiciones por debajo de la edición anterior. Su puntuación disminuyó 2.7 % respecto de 2025.
Por la magnitud de esa caída porcentual, México registró el cuarto mayor deterioro entre los países evaluados. Solo Haití, Tanzania y Sudán tuvieron reducciones más pronunciadas en su puntuación general.
En América Latina y el Caribe, México ocupó el puesto 28 de 32. Entre las 44 naciones y jurisdicciones de ingresos medios altos consideradas por el índice, quedó en el penúltimo lugar.
Los resultados de México en los ocho factores evaluados fueron los siguientes:
| Factor | Puntuación | Lugar mundial |
| Límites al poder gubernamental | 0.39 | 109 de 143 |
| Ausencia de corrupción | 0.26 | 135 de 143 |
| Gobierno abierto | 0.54 | 57 de 143 |
| Derechos fundamentales | 0.46 | 96 de 143 |
| Orden y seguridad | 0.50 | 132 de 143 |
| Cumplimiento regulatorio | 0.41 | 118 de 143 |
| Justicia civil | 0.34 | 135 de 143 |
| Justicia penal | 0.22 | 139 de 143 |
Fuente: perfil de México del Índice de Estado de Derecho 2026 del WJP. Escala de cero a uno; uno representa mayor adhesión al Estado de derecho.
La evaluación de justicia penal abarca la eficacia de las investigaciones, la oportunidad y efectividad de los procesos, el sistema penitenciario, la imparcialidad, la ausencia de corrupción y de influencia gubernamental indebida, así como el debido proceso.
Incluye la presunción de inocencia, la defensa adecuada y los derechos de las personas privadas de la libertad. Su alcance involucra a policías, fiscalías, tribunales y autoridades penitenciarias.
El comunicado del WJP sobre México identifica retrocesos en libertad de opinión y expresión, reunión y asociación, y participación cívica. También señala un debilitamiento de los límites que el Poder Judicial impone al poder gubernamental.
La organización reporta avances específicos en acceso y asequibilidad de la justicia civil, así como en ausencia de discriminación en ese ámbito. Además, registra mejoras de 5.7 % en igualdad de trato y ausencia de discriminación, de 2.7 % en derechos laborales fundamentales y de 3.5 % en procedimientos administrativos sin demoras injustificadas.
El deterioro ocurre en un contexto internacional adverso. En 2026, el Estado de derecho retrocedió en 62 % de los países evaluados. En América Latina y el Caribe, 19 de 32 registraron caídas. Uruguay mantuvo la mejor posición regional, en el puesto 22 mundial.
El índice se construye con encuestas a población y especialistas, organizadas en ocho factores y 44 subfactores. Mide experiencias y percepciones sobre cómo funciona el Estado de derecho. Sus puntajes deben leerse como indicadores comparativos; el 0.22 de justicia penal no equivale a un porcentaje de delitos resueltos.
Ante estos resultados, la pregunta para las autoridades de seguridad y justicia, también en Morelos, es concreta: ¿qué medidas, plazos e indicadores públicos permitirán verificar mejoras en la investigación de los delitos, el acceso a la justicia y la protección de los derechos?