Un regidor desapareció en Amacuzac. Pasó más de un año. No hay respuestas claras, no hay resultados públicos, y —según testimonios— ni siquiera hubo una reacción institucional inmediata desde el propio Ayuntamiento.
El 6 de marzo de 2025, el regidor Roberto Ochoa Dircio fue visto por última vez. Desde entonces, su paradero es desconocido.
De acuerdo con declaraciones de la regidora Patricia Cambray Montufar, el caso no solo involucra una desaparición, sino un contexto previo de amenazas, presiones políticas y conflictos dentro del Cabildo.
La regidora afirma que, antes de desaparecer, Ochoa Dircio se negó —junto con ella— a aprobar decisiones impulsadas por el actual presidente municipal, Noé Reynoso Nava.
Después vino la presión.
“Tenían la amenaza de muerte… que podían levantar a su familia”, declaró.
Según su testimonio, el regidor terminó firmando documentos bajo ese contexto. Días después, desapareció.
Lo más grave no es solo la desaparición. Es lo que no pasó después.
Cambray señala que solicitó que el Cabildo actuara institucionalmente. La respuesta, según su versión, fue negativa.
“Le pedí al presidente (Noé Reynoso) que metiéramos denuncia… y me dijo: no es necesario, él se lo buscó”, afirmó.
No hay evidencia pública de una postura firme desde el Ayuntamiento tras la desaparición.
No hay claridad sobre acciones urgentes.
No hay explicación de por qué un integrante del Cabildo dejó de aparecer… y el aparato institucional simplemente siguió operando.
De acuerdo con lo expuesto en una conferencia, la denuncia formal habría sido presentada por familiares, no por el órgano de gobierno al que pertenecía la persona víctima.
Además, la propia regidora afirma que nunca fue llamada a declarar por la Fiscalía de Personas Desaparecidas, pese a referir antecedentes de amenazas y conflictos directos.
Esto abre una línea crítica:
¿La Fiscalía investigó con la profundidad que exige una desaparición de un servidor público… o el caso quedó atrapado entre intereses políticos y omisiones?
Enfoque de derechos humanos:
La desaparición de una persona en funciones públicas no es un hecho menor.
Implica:
- posible riesgo estructural para servidores públicos
- obligación inmediata del Estado de activar protocolos de búsqueda
- deber de investigar amenazas previas como posibles detonantes
Cuando eso no ocurre, no solo desaparece una persona.
También desaparece la capacidad institucional de responder.
Un regidor desapareció.
Un año después, no hay respuestas claras.
Y la pregunta ya no es solo dónde está…
Sino quién decidió no buscarlo con la urgencia que el caso exigía.