Una jueza especializada en ejecución penal ordenó a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigar posibles actos de tortura y tratos crueles denunciados por un grupo de mujeres privadas de la libertad en el penal femenil de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec.
La resolución fue emitida durante una audiencia pública celebrada la mañana del viernes 13 de marzo, en la que la Jueza Especializada en Ejecución, Gloria Angélica Jaimes Salgado, analizó las denuncias presentadas por siete mujeres internas contra un mando de seguridad y custodia del centro penitenciario.
De acuerdo con los datos expuestos en audiencia, las mujeres acusaron a Alejandra del Consuelo Vega, presuntamente responsable de seguridad en el penal, de ejercer maltrato físico y psicológico, así como diversas prácticas que podrían constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Entre las conductas denunciadas se encuentran: discriminación por preferencia sexual, castigos disciplinarios mediante aislamiento, amenazas e intimidaciones, presuntos correctivos físicos, incitación a la violencia entre internas según consta en la queja presentada por las personas privadas de la libertad.
Queja ignorada dentro del penal
Antes de acudir ante la autoridad judicial, las mujeres internas enviaron un oficio a la directora del penal femenil, Blanca Yadira Cenicero Salazar, solicitando la separación del cargo de la comandante señalada.
Sin embargo, de acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, la petición no fue atendida, lo que llevó a las internas a presentar la denuncia directamente ante la jueza de ejecución.
Durante la diligencia judicial, representantes legales de la dirección del penal y de la Coordinación del Sistema de Reinserción Social desestimaron las acusaciones, señalando que las denunciantes formarían parte de un supuesto “autogobierno” dentro del centro penitenciario y que algunas de ellas tendrían procedimientos disciplinarios en curso.
Jueza detecta posible conflicto de intereses
No obstante, la jueza consideró que los informes disciplinarios presentados por la defensa carecen de valor probatorio, ya que fueron elaborados por la propia funcionaria señalada en la denuncia.
En su resolución, la juzgadora señaló que existe un evidente conflicto de intereses, ya que la persona denunciada no puede aportar informes disciplinarios sobre las internas y al mismo tiempo defenderse de las acusaciones en su contra.
Además, la jueza advirtió que la dirección del penal debió iniciar una investigación interna cuando recibió la queja inicial de las internas.
Ante la posible omisión institucional, la juzgadora resolvió dar vista a la Fiscalía General del Estado para que se investiguen posibles actos de tortura.
Medidas cautelares dentro del penal
Como medida preventiva, la jueza ordenó cambiar de área a la comandante señalada mientras se desarrolla la investigación y dictó medidas para garantizar la seguridad de las siete internas denunciantes.
La resolución judicial se sustentó en tratados internacionales, convenciones y legislación nacional sobre derechos humanos y derechos de las mujeres, particularmente el derecho a vivir libres de violencia incluso dentro de los centros penitenciarios.
Contexto: denuncias en el sistema penitenciario
Las denuncias por presuntos abusos dentro de centros penitenciarios han sido un tema recurrente en el debate público sobre el sistema de reinserción social en Morelos, donde organizaciones civiles han advertido sobre posibles prácticas disciplinarias que podrían vulnerar los derechos de las personas privadas de la libertad.
En este caso, la investigación deberá determinar si las conductas denunciadas constituyen actos de tortura, abuso de autoridad o violaciones a derechos humanos, conforme a los estándares establecidos por la legislación nacional e instrumentos internacionales.