Un ciudadano presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción de Morelos contra el presidente municipal de Jiutepec, Éder Eduardo Rodríguez Casillas, y varios funcionarios de su administración, a quienes acusa de presuntamente permitir, por omisión, el cierre de una calle pública, pese a que existen documentos oficiales y resoluciones judiciales que reconocen su carácter público.
La denuncia fue promovida por Fermín Arellano Sánchez, quien sostiene que las autoridades municipales han dejado de actuar frente a un conflicto que, asegura, ya fue resuelto legalmente, pero que sigue sin ejecutarse en los hechos.
El señalamiento incluye al secretario municipal Arturo Flores Solorio, al consejero jurídico Óscar Iván Lara Cabello y al secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos, José Iván Fernández Galván, además de cualquier otro funcionario que resulte responsable.
De acuerdo con el documento presentado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, los hechos se originaron en el callejón de los Viveros número 16, donde vecinos habrían construido una barda, colocado un portón y levantado una caseta de vigilancia, lo que cerró el acceso a una calle que oficialmente es pública.
El denunciante afirma que al final de esa vialidad se encuentra su terreno y que, debido al bloqueo, no puede ingresar libremente a su propia propiedad.
Según el expediente, el propio Ayuntamiento de Jiutepec, en una administración anterior, emitió una constancia donde reconoce que la calle es pública. Posteriormente, las personas que instalaron el portón promovieron un juicio de amparo, el cual no les fue concedido, precisamente porque la vía tiene carácter público.
El caso también habría sido analizado en el juicio de amparo 1773/2023, en el que —de acuerdo con el denunciante— no se reconoció legalidad al cierre de la calle.
Pese a estos antecedentes administrativos y judiciales, el denunciante sostiene que las autoridades municipales actuales no han intervenido para liberar la vialidad, lo que, afirma, configura una posible omisión en el ejercicio de sus funciones públicas.
La denuncia plantea que esta inacción institucional mantiene cerrado un espacio público, afectando el derecho de libre tránsito y el acceso a la propiedad, además de generar incertidumbre sobre la capacidad de las autoridades para hacer cumplir resoluciones legales.
En el posicionamiento preparado para medios, el ciudadano sostiene que el conflicto ya no es jurídico, sino de cumplimiento de la ley, pues existen documentos oficiales que reconocen la naturaleza pública de la calle.
Por estos hechos, la denuncia solicita a la Fiscalía Anticorrupción investigar la posible responsabilidad penal de los funcionarios municipales por omisión, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público.
Será la Fiscalía Anticorrupción de Morelos la instancia encargada de determinar si existen elementos suficientes para abrir una investigación penal contra los servidores públicos señalados.