El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Sección 29, acusó que dentro del sistema estatal persiste un “bloqueo interno” que mantiene ocultas denuncias, frena investigaciones y pone en riesgo plazas médicas en plena transición al IMSS-Bienestar. A más de un año de presentadas quejas formales, el gremio asegura que no hay resultados visibles.
Gil Magadán Salazar, secretario general del sindicato, afirmó que los recientes cambios en la estructura de salud no han sido suficientes para desmontar prácticas que, según denunció, se mantienen en áreas administrativas clave. Sostuvo que existen funcionarios que retienen información estratégica y dificultan la toma de decisiones del nuevo equipo directivo.
El dirigente señaló que desde diciembre de 2023 se presentaron denuncias por presuntas irregularidades administrativas que no han avanzado. Indicó que se les informó que las investigaciones podrían tardar entre cinco y siete años, lo que, advirtió, permitiría que posibles actos de ineficiencia u opacidad continúen afectando el servicio público.
Uno de los puntos más delicados es la actuación de la comisaría interna. Magadán informó que recibió oficios donde se le comunica que esa instancia ya no tendría facultades para investigar ciertos señalamientos y que debe acudir a la Auditoría Superior de la Federación. Para el sindicato, esta respuesta no aclara responsabilidades ni garantiza que las denuncias sean atendidas con prontitud.
El conflicto no es solo administrativo. El gremio advirtió que la falta de transparencia en la información sobre plazas laborales podría traducirse en la pérdida de espacios médicos durante el proceso de integración al IMSS-Bienestar. Según explicó, si los recursos son absorbidos como “bolsas económicas” sin identificación de plazas y especialidades, se compromete la continuidad de servicios y la estabilidad laboral.
La eventual cancelación de plazas impactaría directamente el derecho a la salud de la población, al reducir personal en hospitales y centros de atención. También afectaría a trabajadores de contrato que esperan regularización y a personal con años de servicio bajo esquemas de confianza.
El sindicato exigió que las instancias de control interno y anticorrupción definan con claridad su competencia, transparenten el estatus de las investigaciones y garanticen acceso a la información. Advirtió que prolongar la opacidad en un sector estratégico como salud no solo es un problema administrativo, sino una posible vulneración a derechos laborales y al acceso efectivo a servicios médicos.
Las autoridades señaladas no han fijado postura pública frente a estas acusaciones. Mientras tanto, el sector salud de Morelos enfrenta un escenario de transición institucional marcado por denuncias, incertidumbre y exigencias de rendición de cuentas en un ámbito donde la transparencia no es opcional: es una condición para proteger vidas.