La Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) detuvo a Edgar G. P., señalado como presunto operador financiero de Júpiter Araujo, alias “El Barbas”, identificado como líder del Cártel de Sinaloa en la zona oriente de Morelos. Fue presentado ante una jueza por el delito de portación de arma de fuego.
De acuerdo con información recabada por El Guardián Mx, Edgar G. P. fue detenido el pasado sábado en el interior del centro comercial Plaza Cuernavaca, junto con Marissa R. T., según datos del Sistema del Registro Nacional de Detenciones.
Este lunes, en audiencia inicial, la Fiscalía formuló imputación en contra de ambas personas ante una Jueza Especializada de Control por el delito de portación de arma de fuego. Fuentes cercanas al caso indicaron que continúa la integración de otra carpeta de investigación, lo que podría ampliar el alcance del proceso penal.
Según fuentes consultadas, Edgar G. P. es vinculado con Júpiter Araujo, alias “El Barbas”, señalado como líder del Cártel de Sinaloa en la región oriente del estado.
“El Barbas” cobró notoriedad pública tras difundirse un video en el que aparece junto al actual Presidente Municipal de Cuautla, Jesús Corona Damián, material que generó cuestionamientos en torno a posibles vínculos entre actores políticos y presuntos integrantes del crimen organizado.
Hasta el momento, la imputación formal presentada en audiencia se limita al delito de portación de arma de fuego. Conforme al principio de presunción de inocencia, las personas detenidas deben ser consideradas inocentes hasta que exista una resolución judicial firme.
El proceso penal se encuentra en etapa inicial y será la autoridad judicial la que determine, con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía y la defensa, la situación jurídica de las personas imputadas.
La detención ocurre en un contexto de creciente atención pública sobre la presencia y operación de grupos delictivos en Morelos. El desarrollo de la carpeta de investigación y las próximas determinaciones judiciales serán claves para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, bajo el marco del debido proceso y el respeto a los derechos humanos.