La audiencia inicial contra Joaquín Fernández Urban, investigado por el delito de fraude específico dentro de la carpeta JC/61/2019, fue diferida nuevamente en la Sala 3 de Atlacholoaya.
La agente del Ministerio Público reconoció no ser titular del caso y solicitó aplazamiento por desconocer una carpeta integrada por 15 tomos. La jueza reprogramó la diligencia hasta el 14 de mayo.
Eran las 12:21 horas del miércoles 18 de febrero de 2026 cuando inició la audiencia inicial en la sede judicial de Xochitepec, Morelos. La Fiscalía pretendía formular imputación por la posible comisión del delito de fraude específico en contra de Joaquín Fernández Urban.
Sin embargo, la agente del Ministerio Público informó que no es titular de la carpeta de investigación y que la responsable se encuentra de vacaciones del 19 de febrero al 2 de marzo. Argumentó que no conoce el contenido del expediente y solicitó diferir la audiencia, comprometiéndose a entregar copia de los 15 tomos que integran la investigación.
Uno de los asesores jurídicos de las personas víctimas no se opuso y pidió canalización a justicia alternativa ante la posibilidad de una salida alterna. El defensor público también aclaró que no es titular del asunto. Ante ese escenario, la jueza especializada fijó nueva fecha: jueves 14 de mayo.
El caso no es menor. Fernández Urban ha sido señalado públicamente desde 2017 en un reportaje nacional que lo vinculó con presuntas operaciones inmobiliarias irregulares en perjuicio de personas adultas mayores.
Además, enfrenta señalamientos en la carpeta JC/061/19 por presunto fraude procesal en agravio de la empresa Oaks Leadership School, relacionada con la compraventa de un inmueble en Lomas Chamizal, Ciudad de México.
La denuncia fue presentada inicialmente en la Fiscalía de la Ciudad de México, que declinó competencia a favor de Morelos. Según la representación legal de la empresa denunciante, la audiencia de formulación de imputación se ha diferido más de diez ocasiones.
El proceso penal continúa sin que se haya formulado imputación formal. Mientras tanto, las partes mantienen posiciones encontradas y el valor del inmueble en disputa —estimado en 90 millones de pesos— sigue siendo el eje de un litigio que, por ahora, permanece detenido en los tiempos del sistema judicial.