El complejo turístico “Paseo Rivereño de Cuernavaca” fue devuelto este 17 de febrero al Ayuntamiento capitalino, luego de permanecer asegurado desde junio de 2022 por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, sin que hasta ahora el caso haya sido judicializado y tras múltiples diferimientos de audiencia.
La síndica municipal en funciones de presidenta municipal, Paula Trade Hidalgo, recibió formalmente el inmueble, considerado patrimonio del Ayuntamiento, como parte —dijo— de un “seguimiento puntual” con la Consejería Jurídica y la Fiscalía Anticorrupción.
El aseguramiento se originó tras un accidente ocurrido hace cuatro años en el que hubo personas lesionadas, incluidos trabajadores municipales. “Fue un tema doloroso, hubo víctimas”, reconoció la funcionaria.
Sin embargo, más allá de la devolución física del inmueble, el proceso penal ha estado marcado por diferimientos de audiencia y la ausencia de una resolución judicial pública que esclarezca responsabilidades.
El caso involucra a actores políticos en funciones, entre ellos el actual presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Gerardo Abarca Peña, y el exalcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán.
La presencia de funcionarios en activo dentro de la carpeta de investigación coloca al Paseo Rivereño como uno de los expedientes más sensibles en materia de presunta corrupción municipal reciente.
La reiteración de diferimientos ha impactado en el derecho de las personas víctimas a una justicia pronta y en el derecho ciudadano a la verdad sobre el manejo de recursos públicos y la seguridad de obras municipales.
Durante la entrega del inmueble, autoridades municipales informaron que aún no pueden ingresar a la zona inferior donde ocurrió el accidente, debido a la falta de condiciones técnicas y de seguridad. Se anunció que se solicitará un dictamen especializado antes de cualquier rehabilitación .
La devolución del complejo no cierra el expediente penal ni resuelve las interrogantes pendientes: ¿por qué el caso no ha sido judicializado después de casi cuatro años?, ¿cuál es el estatus real de las responsabilidades administrativas o penales?, ¿qué garantías existen para que hechos similares no se repitan?
Mientras el inmueble regresa al patrimonio municipal, el proceso judicial continúa sin sentencia pública. Para las personas víctimas y para la ciudadanía, el reto sigue siendo el mismo: que la investigación avance sin dilaciones indebidas y que la rendición de cuentas alcance a todos los involucrados, sin excepción por cargo o investidura.