Comentario editorial | El Guardián Mx
Lo ocurrido tras el ataque contra dos agentes de investigación criminal no solo exhibe un problema de seguridad: desnuda una falla estructural mucho más grave —la improvisación institucional y la facilidad con la que el poder señala sin probar.
En Morelos, ante la ausencia de información oficial clara y verificable, el vacío se llenó con rumores. Y esos rumores no tardaron en convertirse en sentencias públicas. Personas privadas de la libertad y periodistas fueron colocados en la mira sin pruebas, sin denuncias formales y sin una sola fuente confiable que sostenga los señalamientos. Así, la especulación sustituyó a la investigación.
Que una persona interna en el penal de Jonacatepec haya sido trasladada de noche al CERESO de Atlacholoaya para ser “cuestionada” por agentes de investigación no habla de avances en el esclarecimiento del ataque; habla de desesperación. Cuando no hay líneas de investigación sólidas, aparecen los atajos. Y los atajos, en justicia, casi siempre terminan en chivos expiatorios.
Más grave aún es la criminalización de un reportero de nota roja, señalado en redes sociales sin denuncia, sin expediente y sin respaldo institucional. En un estado donde ejercer el periodismo ya es una actividad de riesgo, permitir que el ruido digital sustituya al debido proceso es una forma de violencia tolerada —cuando no alentada— por la omisión de la autoridad.
La Fiscalía General del Estado de Morelos tiene la obligación de investigar con rigor, no con ocurrencias; de comunicar con responsabilidad, no con silencios que alimentan versiones; y de proteger derechos, no de sacrificar reputaciones para simular control.
En un contexto de violencia real, fabricar culpables no resuelve nada. Solo profundiza la desconfianza, erosiona el Estado de derecho y coloca a inocentes —personas privadas de libertad y periodistas incluidos— en una línea de fuego que nunca debió existir.
Aquí la exigencia es clara: investigación profesional, información verificable y cero tolerancia a la criminalización sin pruebas. Porque cuando el sistema falla, no solo pierde la justicia. Perdemos todos.