Familias de personas privadas de la libertad ahora denuncian un presunto esquema de cobros ilegales dentro del Centro de Reinserción Social (CERESO) Morelos para autorizar traslados médicos urgentes. El señalamiento apunta directamente al subdirector médico del penal, a quien acusan de condicionar la atención hospitalaria al pago de miles de pesos, en un contexto que pone en entredicho la garantía del derecho humano a la salud en prisión.
De acuerdo con testimonios de familiares, el médico Arturo Rivera Pedroza, subdirector médico del CERESO Morelos, habría exigido pagos que van de los 3 mil a los 5 mil pesos para agilizar traslados de personas privadas de la libertad a hospitales donde requieren atención especializada .
Las denuncias describen un patrón: las citas médicas se programan, pero los casos quedan detenidos durante semanas o meses sin explicación clara. Según las familias, únicamente después de entregar dinero en efectivo se ordenan los traslados médicos, aun cuando existen padecimientos que requieren atención inmediata .
Este presunto mecanismo coloca a las personas internas y a sus familias frente a una disyuntiva crítica: pagar para acceder a un derecho básico o asumir el riesgo de que la atención médica no llegue a tiempo. La práctica denunciada, de acreditarse, implicaría una vulneración grave al derecho a la salud, que debe garantizarse de manera gratuita, oportuna y sin condicionamientos económicos, incluso en contextos de reclusión.
Ante estos señalamientos, las familias solicitaron formalmente la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos para que investigue los casos denunciados y determine si existieron responsabilidades administrativas o violaciones a derechos humanos dentro del sistema penitenciario estatal.
Las denuncias también evidencian una posible contradicción institucional: mientras las autoridades penitenciarias sostienen que el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad está garantizado, los testimonios recabados describen prácticas que, en los hechos, limitan ese acceso y lo supeditan a la capacidad económica de las familias.
Hasta ahora no se ha informado públicamente sobre la apertura de investigaciones internas ni sobre medidas correctivas en el CERESO Morelos. El caso vuelve a exhibir las tensiones estructurales del sistema penitenciario en materia de salud y plantea una pregunta central para las autoridades: ¿puede hablarse de garantía de derechos humanos cuando la atención médica depende de pagos bajo la mesa?