Una jueza de Control determinó que existen elementos suficientes para iniciar proceso penal contra Héctor Ulises “N”, señalado por la sustracción de más de 4 millones de pesos de una sucursal bancaria en Las Palmas. Permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación.
La mañana de este viernes 5 de diciembre, en la Sala 4 de la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, una jueza especializada ordenó la vinculación a proceso de Héctor Ulises “N”, exjefe de cajas de una sucursal BBVA Bancomer en Cuernavaca, por su presunta participación en un robo calificado de varios millones de pesos ocurrido en octubre de 2019.
La autoridad consideró que la Fiscalía presentó datos suficientes para abrir un proceso penal por hechos que, de comprobarse, habrían vulnerado tanto el patrimonio de la institución bancaria como las normas de seguridad establecidas para prevenir este tipo de delitos.
Como medida cautelar, la jueza impuso prisión preventiva, al señalar la necesidad de garantizar la continuidad del proceso. Además, determinó remitir el caso a la autoridad federal debido a que el presunto delito está relacionado con la Ley Federal de Instituciones de Crédito.
El plazo para el cierre de la investigación complementaria quedó fijado en tres meses, periodo en el que la defensa y la Fiscalía podrán aportar datos, peritajes y testimonios que permitan esclarecer la mecánica del hecho.
Según los antecedentes expuestos en audiencia, el 12 de octubre de 2019, el entonces jefe de cajas habría aprovechado su horario laboral para mover el efectivo de la caja fuerte a un mueble lateral, presuntamente desconectar el sistema de alarma, sustraer el dinero y volver a activarlo antes de abandonar el lugar.
La institución bancaria detectó la falta del efectivo durante el arqueo y presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público especializado.
El caso continuará su curso ante la jurisdicción federal, donde se revisarán los elementos presentados y se garantizará que tanto la víctima como la persona imputada cuenten con el debido proceso y el respeto pleno a sus derechos humanos, como exige la normatividad vigente.