Cinco asociaciones de jubilados y pensionados del Poder Judicial de Morelos anunciaron la conformación de una coalición para exigir el respeto a sus derechos laborales y el pago completo de sus prestaciones, en medio de una creciente incertidumbre por la situación financiera del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la falta de respuesta del recién creado Órgano de Administración Judicial (OAJ).
Las asociaciones de jubilados se unieron para integrar una coalición que buscará defender, de manera conjunta, los derechos laborales adquiridos tras décadas de servicio en el Poder Judicial del Estado. De acuerdo con Marta Elizabeth Arroyo Moreno, Presidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionados, el objetivo es que las autoridades conozcan la gravedad del problema y atiendan con urgencia los adeudos pendientes.
Xochiquétzal Puebla Peralta, vicepresidenta de la Asociación de Jueces Jubilados, señaló que la demanda central es que el Órgano de Administración Judicial gestione, dentro de sus atribuciones, el presupuesto necesario para garantizar el pago de salarios, pensiones, aguinaldos y otras prestaciones que no han sido cubiertas. Subrayó que no se piden privilegios, sino el respeto a los derechos laborales ya devengados.
Uno de los puntos que más preocupa a las personas jubiladas es el posible pago del aguinaldo en dos partes —diciembre y enero—, situación que no ha sido confirmada ni aclarada por las autoridades. Javier Francisco Salgado Ávila, Presidente de Jueces Jubilados de Morelos, relató que persisten adeudos desde hace años, incluso con personas de avanzada edad que dependen de su pensión para cubrir necesidades básicas, lo que incrementa la vulnerabilidad de este sector.
Aunque algunas asociaciones han tenido acercamientos preliminares con funcionarios del Tribunal, la coalición en su conjunto aún no ha sido recibida. Las y los representantes informaron que ya entregaron un oficio formal solicitando una reunión para esclarecer el estado financiero del Poder Judicial y conocer las acciones que se implementarán para garantizar los pagos pendientes. Hasta ahora, no han obtenido respuesta.
Claudia Becerril Pérez, presidenta de la Asociación Jubilados 2025, explicó que existe reconocimiento interno de un “problema muy fuerte” en la disponibilidad presupuestal. No obstante, insistió en que la responsabilidad de resolverlo recae en las autoridades administrativas, pues los jubilados únicamente exigen lo que les corresponde por derecho y por principios fundamentales de protección social.
La coalición, integrada por cinco asociaciones, afirmó que seguirá trabajando unida hasta lograr la regularización de pagos, el reconocimiento de adeudos atrasados y la garantía de que los derechos laborales de las personas jubiladas no sigan siendo vulnerados.
Patricia Guevara, Presidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionados reiteró la disposición al diálogo institucional y señaló que mantendrán su exigencia de que el Poder Judicial y el Órgano de Administración Judicial otorguen certeza sobre el presupuesto y las prestaciones pendientes, con el fin de evitar mayores afectaciones a las personas jubiladas y sus familias.