El Observatorio de la Paridad y Violencia Política en Morelos condenó la violencia que enfrentan la síndica Alicia Capistrán Martínez, la regidora Xitlali Mejía Huerta y otros integrantes del cabildo de Xoxocotla, quienes han denunciado amenazas, hostigamiento laboral y presiones políticas antes de sufrir ataques armados en sus viviendas.
El organismo exigió medidas de protección urgentes y sanciones contra el presidente municipal José Carlos Jiménez Ponciano y otros funcionarios señalados.
Denuncias ignoradas que derivaron en un ataque armado
De acuerdo con el Observatorio, las funcionarias comenzaron a denunciar semanas atrás una serie de violencias dentro del ayuntamiento: amenazas de desaparición, intimidaciones, retención de salarios y presiones para aprobar decisiones consideradas irregulares.
Las acusaciones señalaban directamente al alcalde, al secretario municipal y al tesorero, quienes presuntamente ejercieron represalias tras la negativa de las regidoras y regidores a avalar actos contrarios a los procedimientos de la comunidad.
Aunque las víctimas presentaron denuncias ante las autoridades competentes, la respuesta institucional fue insuficiente. Las medidas de protección emitidas quedaron prácticamente sin efecto: los elementos de seguridad asignados únicamente acudían a registrar una firma, sin brindar vigilancia real ni acompañamiento permanente.
Esta omisión, advierte el pronunciamiento, permitió que el riesgo escalara hasta llegar al ataque armado del 1 de diciembre de 2025, cuando fueron baleadas las casas de la síndica Alicia Capistrán y la regidora Xitlali Mejía, apenas días después de haber denunciado las amenazas públicamente.
Violaciones graves a derechos humanos y al ejercicio del cargo
El Observatorio sostuvo que la violencia ejercida contra las funcionarias constituye una vulneración directa al ejercicio del cargo público y a su integridad personal, además de representar un quiebre al principio constitucional de paridad que obliga al Estado a garantizar condiciones igualitarias para mujeres en puestos de representación.
La falta de vigilancia y protección, señala, mantiene un contexto de impunidad que resulta “inadmisible”.
Los hechos, sumados a amenazas previas, hostigamiento institucional y agresiones armadas, refuerzan un escenario de violencia política de género que compromete gravemente los derechos humanos de las mujeres que integran el cabildo.
Exigen sanciones y protección efectiva ante riesgo inminente
En su comunicado, el Observatorio exigió la implementación inmediata de medidas de protección reales, oportunas y permanentes para las funcionarias amenazadas, así como para el resto del cabildo que ha denunciado violencia.
También demandó investigar y sancionar al presidente municipal José Carlos Jiménez Ponciano, al secretario municipal y al tesorero por su presunta responsabilidad en los actos de violencia política, amenazas y omisiones que derivaron en agresiones armadas.
Además, exhortó al Estado a activar los mecanismos de prevención y atención de violencia política en razón de género, garantizando que las mujeres puedan ejercer plenamente su cargo sin temor a represalias.
Llamado directo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
El pronunciamiento fue especialmente contundente con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la cual acusó de una omisión grave por no haber ejecutado correctamente las medidas de protección otorgadas.
“El daño adicional será responsabilidad directa de su negligencia institucional”, advirtió el Observatorio, al exigir una actuación inmediata y contundente en favor de las funcionarias en riesgo.
La postura del Observatorio se suma a la ola de llamados de comunidades indígenas, organizaciones de derechos humanos y regidores del propio municipio, quienes desde semanas atrás han denunciado un clima de violencia política y ausencia de garantías para el ejercicio del cargo.
La investigación sobre los ataques continúa, mientras las funcionarias siguen sin contar con la protección efectiva que han solicitado reiteradamente.