Familiares de mujeres privadas de la libertad alertaron que personal masculino armado —incluido el director general de Centros Penitenciarios, José de Jesús Zavala Valdez— ingresa a los dormitorios femeniles, lo que califican como un acto de intimidación y una violación directa a los protocolos de reinserción social y derechos humanos.
En un testimonio dirigido a la gobernadora Margarita González Sarabia y al secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, las familias denunciaron que Zavala, acompañado de custodios armados, entra a espacios donde únicamente debería acceder personal femenino. Las internas describen estas visitas como “violencia psicológica que nos pone en un estado de vulnerabilidad”.
De acuerdo con la denuncia, el comandante ingresa con una “nube de guaruras”, todos armados, al interior de los dormitorios, lo que genera miedo e inhibe cualquier posibilidad de diálogo seguro. Las denunciantes señalaron también a una custodia identificada como Vicky, quien presuntamente realiza revisiones sin la presencia de mujeres internas, contraviniendo lo establecido por la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Especialistas consultados confirmaron que ningún mando puede ingresar armado al interior de los dormitorios del penal, y que toda supervisión debe estar acompañada por personal de derechos humanos y respaldada con un acta firmada por dos internas de la misma estancia. Cualquier revisión sin documentación, testigos o acompañamiento institucional constituye una irregularidad y vulnera la integridad de las mujeres.
Además, recordaron que la Ley Nacional de Ejecución Penal y los protocolos de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario son claros:
— Las inspecciones deben estar documentadas.
— No se permite el acceso de personal armado a dormitorios.
— Debe haber presencia de personal de derechos humanos.
— Toda intervención debe garantizar la dignidad y seguridad de las mujeres privadas de la libertad.
La denuncia añade que la presencia de armas dentro del área femenina por parte de custodias constituye un acto de intimidación que rompe con la obligación del Estado de proteger la vida, integridad y bienestar de las internas. Las familias exigieron una investigación inmediata y la intervención de las autoridades estatales para frenar lo que consideran actos reiterados de abuso de poder.