La madrugada del 27 de octubre de 2025, un operativo conjunto en Cuautla detuvo a José Antonio “N”, alias “La Vara” o “El Flaco”, señalado por autoridades como líder de “Los Acapulcos”, célula de Guerreros Unidos.
La captura, anunciada el 28 de octubre, incluye aseguramientos de armas, vehículos y dispositivos, y derivó en un cateo autorizado por un juez. El caso obliga a vigilar el debido proceso, la protección de un menor de edad detenido junto al grupo y la legalidad de los aseguramientos.
Hechos
Según la versión oficial, integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Morelos implementaron el operativo “Cuautla Segura” en la colonia Santa Cruz.
Fueron asegurados José Antonio “N” (37), Irvin “N” (20), Salvador “N” (65), Liz Esbeidi “N” (40) y una adolescente de 17 años.
Se decomisaron un arma larga calibre .223, tres armas cortas 9 mm (uso exclusivo), una pistola de gas, dosis de aparente metanfetamina y fentanilo, teléfonos y tres vehículos —entre ellos un Mercedes-Benz AMG—.
En la huida, “La Vara” descendió de un vehículo y fue capturado metros adelante. Esa misma noche se ejecutó un cateo en un domicilio asociado, donde se aseguraron dos laptops y cuatro celulares.
La FIDAI de la FGE Morelos resolverá la situación jurídica de las personas detenidas y de la persona adolescente.
En conferencia, el secretario de Seguridad estatal Miguel Ángel Urrutia afirmó que el detenido acumula varias órdenes de aprehensión, se movía entre Guerrero, Puebla, Oaxaca y zonas limítrofes, y que el cateo fue autorizado judicialmente.
Anunció nuevos operativos y la intención de solicitar traslado a penal federal una vez cumplidos los procesos. También planteó impulsar extinción de dominio para que los bienes asegurados no regresen a presuntas redes criminales.
Contexto
Autoridades ubican a “La Vara” como líder de “Los Acapulcos” en Cuautla, Yautepec y Yecapixtla, con vínculos a extorsión, narcomenudeo, homicidio y secuestro.
Le atribuyen hechos de alto impacto: la emboscada a policías en marzo de 2022; el asesinato del empresario y ex candidato Carlos B. S., su hija menor y tres escoltas estatales en agosto de 2022; y dos agresiones contra personal Antisecuestro en 2023 y 2025.
El documento oficial sostiene que, tras capturas previas (como “Ray”, “La Rata” y “Chucho”), “La Vara” asumió el control, y que con libertades condicionadas de otros objetivos en 2023–2024 se configuró el llamado “Cártel de Cuautla”.
Urrutia enmarcó la detención en una estrategia para elevar la denuncia por extorsión (línea 089), reconstruir el C5 y fortalecer videovigilancia en Cuautla. Admitió que la investigación sobre posible protección de autoridades dependerá del análisis de computadoras y teléfonos asegurados.
Repercusiones
- Seguridad y gobernabilidad. La captura podría desactivar redes de extorsión en la región oriente, pero los propios informes oficiales anticipan disputa interna por el control del grupo (“Chompipis/Apá”, “Pirru”, “Dientes/Alvin”, entre otros), con riesgo de violencia reactiva. El despliegue de GN y Sedena, y la coordinación con el ayuntamiento de Cuautla, serán clave para evitar vacíos de poder criminal.
- Legalidad y derechos. Dado que hay una persona adolescente detenida, corresponde garantizar interés superior de la niñez, defensoría especializada y reserva de identidad. Para todos los detenidos rigen presunción de inocencia y debido proceso: cadena de custodia de armas/drogas, legalidad del cateo, notificación de derechos y acceso a defensa. La propia autoridad señala que no divulgará detalles operativos por ser materia de la FGE.
- Ruta judicial y patrimonio. La mención de extinción de dominio abre un frente institucional que exige recursos y coordinación entre Fiscalía y Poder Judicial para que bienes asegurados no regresen a redes delictivas. La eventual judicialización y un posible traslado federal dependerán de que se sustenten las imputaciones y se respeten garantías.
La detención de “La Vara” es un punto de inflexión en el oriente de Morelos: prueba la capacidad operativa del estado y, al mismo tiempo, pone bajo escrutinio la eficacia institucional para sostener la seguridad, probar los casos en tribunales y respetar derechos. La ciudadanía, llamada a denunciar al 089, deberá vigilar que la promesa de cero impunidad se traduzca en sentencias sólidas, no en expedientes frágiles.