La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) del Estado investiga la presunta adjudicación indebida y con sobreprecio de un contrato para la instalación de paneles solares en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya.
La obra se inauguró el pasado mes de abril por el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Luis Jorge Gamboa Olea y el titular de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano.
La denuncia apunta a una posible afectación al patrimonio público y al incumplimiento de principios de legalidad, planeación y eficiencia en el uso de recursos del Fondo de Seguridad Pública (FASP) 2024.
Información recabada revela que el 9 de septiembre de 2024, el proyecto “Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema fotovoltaico conectado a red con 200 módulos de silicio monocristalino” habría sido adjudicado de manera irregular a la empresa KSAVERS S.A.P.I. de C.V., única participante en el proceso de licitación pública.
El escrito de denuncia señala que dicha empresa no contaba con capacidad legal ni experiencia técnica para realizar obras públicas, ya que su objeto social se limita a la captación de inversiones, no a la ejecución de obras o suministro de bienes y servicios.
A pesar de ello, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obra y Servicios del Poder Judicial aprobó el fallo de adjudicación el 30 de agosto de 2024, omitiendo criterios básicos de evaluación y verificación de requisitos legales.
Según la Contraloría, el monto autorizado inicialmente para la obra era de $2,969,285.26, pero el gasto real reportado ascendió a $3,264,219.88, lo que representa una diferencia de $295,000 pesos no presupuestados, posiblemente pagados sin autorización del Fondo de Seguridad Pública ni planeación formal.
Además, no se integró el expediente técnico unitario de obra, documento obligatorio que justifica la viabilidad, costo-beneficio y cumplimiento de normas administrativas.
El informe advierte que los servidores públicos responsables omitieron integrar documentación básica como el dictamen técnico de evaluación de propuestas, el contrato debidamente autorizado y el análisis de precios unitarios, incumpliendo la Ley de Adquisiciones y los Lineamientos del Poder Judicial publicados en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” desde 2017.
La actual administración del TSJ solicitó a la Fiscalía que integre una carpeta de investigación y ejerza acción penal contra quienes resulten responsables por posibles actos de corrupción, negligencia o abuso de funciones en perjuicio del patrimonio del Poder Judicial del Estado.
El caso se conoció debido a la explosión de un transformador en junio pasado, que dejó sin energía a la Ciudad Judicial de Atlacholoaya. La obra prometía un ahorro superior al 80% en el consumo eléctrico del complejo judicial, pero falló en el momento más crítico.
La denuncia abre un nuevo frente de escrutinio sobre la gestión de recursos en el Poder Judicial de Morelos, particularmente en el uso de fondos federales destinados a seguridad pública.
Mientras se determina la responsabilidad de los funcionarios implicados, la Contraloría insiste en que la omisión en la planeación y la falta de transparencia podrían configurar delitos por daño al erario y violaciones al deber de legalidad en el servicio público.