Un agente activo de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Morelos fue imputado por el delito de homicidio calificado tras la muerte de Luis Ángel A. O., ocurrida el pasado 6 de octubre en la colonia Los Patios de la Estación, en Cuernavaca.
La audiencia de imputación se realizó la tarde de este jueves, marcada por la expulsión sólo de periodistas, lo que vulneró el principio de máxima publicidad judicial.
La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló imputación contra el agente Willians de la Sancha Ocampo, señalado de haber asesinado a un civil en circunstancias que hasta ahora permanecen reservadas, debido al desalojo de la prensa ordenado por el juez especializado en control, Luis Guillermo Ortega Castillo.
La decisión impidió conocer los detalles del crimen —modo, tiempo y forma— que derivaron en la acusación contra un servidor público armado, hecho que ha generado preocupación por la opacidad en un proceso que, por ley, debería ser público.
De acuerdo con la información obtenida extraoficialmente, la acción penal se ejerció mediante el cumplimiento de una orden judicial y el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva oficiosa, misma que fue concedida por el juzgador ante la gravedad del delito.
La defensa particular, encabezada por el abogado César Ricardo García Bravo, solicitó una ampliación del plazo constitucional para definir la situación jurídica de la persona imputada, por lo que la resolución se fijó para el próximo martes 14 de octubre a las 8:30 horas.
El juez también instruyó al personal del Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya para que la persona imputada sea trasladada y resguardada en un área especial para servidores públicos, con el argumento de proteger su integridad ante posibles amenazas.
El caso pone bajo escrutinio la actuación de las instituciones de seguridad en Morelos y abre un debate sobre el acceso a la justicia y la transparencia judicial. Mientras tanto, la familia de Luis Ángel A. exige justicia por un homicidio que, según testigos, pudo haber sido cometido por quien debía proteger a la ciudadanía.