La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) emitió la recomendación CDHM/1S.1/2023-V1, dirigida a la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas (CEARV), Eva Penélope Picazo Hernández, así como a Miguel Ángel López Lugo y José Manuel Chávez Cardoso, por la violación al derecho de acceso a la reparación integral, al derecho a solicitar y recibir información, y al derecho de las víctimas a no sufrir victimización secundaria.
Negligencia institucional que revictimiza
El caso se remonta a octubre de 2022, cuando dos personas víctimas denunciaron ante la CDHM el trato recibido por funcionarios de la CEARV.
Ambas habían entregado la documentación requerida para su inscripción en el Registro Estatal de Víctimas desde abril de ese año y, tras recibir respuesta favorable en mayo, solicitaron sin éxito copias certificadas del estudio de trabajo social.
Pese a insistir en julio y agosto —mediante solicitudes formales— para acceder a los fondos de compensación subsidiaria, al reembolso de gastos fúnebres y al dictamen del Comité Evaluador, nunca obtuvieron respuesta.
El entonces director de Reparación Integral, Miguel Ángel López Lugo, llegó a declarar que “no tenía nada para pasar al Comité” y que desconocía el estado de las peticiones.
Violaciones acreditadas y sanciones sugeridas
Tras analizar el expediente, la CDHM determinó que se acreditaron violaciones al derecho de las víctimas a:
- Solicitar, acceder y recibir información,
- Obtener una reparación integral,
- Y no ser objeto de victimización secundaria.
La resolución ordena a la titular de la CEARV supervisar la conclusión inmediata del expediente y garantizar que las víctimas y sus representantes puedan obtener copias certificadas de todos los documentos que soliciten.
También instruye al personal a abstenerse de obstaculizar el acceso a los expedientes o impedir la labor investigadora de la Comisión de Derechos Humanos.
Además, el organismo recomendó al Órgano Interno de Control de la CEARV iniciar una investigación administrativa contra Miguel Ángel López Lugo, titular de la Unidad de Reparación Integral y Derecho a la Verdad, por su actuación en el caso.
Un precedente sobre la deuda del Estado con sus víctimas
La recomendación pone en evidencia una falla estructural en la atención a las víctimas del delito en Morelos: la omisión y la burocracia institucional como formas de revictimización.
El caso no solo representa una falta administrativa, sino un recordatorio del compromiso pendiente del Estado con el derecho a la reparación integral, uno de los pilares de la justicia restaurativa.
La CEARV, creada precisamente para garantizar este derecho, enfrenta ahora el reto de recuperar la confianza de quienes deberían ser el centro de su misión: las víctimas.