La Fiscalía Anticorrupción formuló imputación en contra de Moisés Ochoa Peralta, quien durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco ocupó varios cargos clave dentro de la Secretaría de la Contraloría: primero como director general de Quejas y Denuncias, después como director general de Responsabilidades y finalmente en un área vinculada al sistema anticorrupción.
La investigación en su contra lo señala por tres delitos: incumplimiento de funciones públicas, ejercicio ilícito del servicio público y delitos contra la administración y procuración de justicia.
El caso Capella y los cursos fantasmas
El origen del caso se remonta a una queja administrativa contra el entonces secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, y otros mandos policiales, quienes habrían autorizado pagos con recursos federales y estatales para supuestos cursos de capacitación que nunca se impartieron.
De acuerdo con la Fiscalía, Ochoa Peralta no sólo integró esa queja como autoridad investigadora, sino que después resolvió los recursos que presentaron los implicados, absolviéndolos. El conflicto de interés fue tan evidente que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo revocó su resolución.
“No podía ser juez y parte”
El señalamiento central es que el exfuncionario debió excusarse, pues la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos le impedía resolver un asunto en el que él mismo había participado como investigador. Sin embargo, continuó el trámite, lo que derivó en el encubrimiento de los mandos policiales y en la impunidad del caso.
En la audiencia inicial, Ochoa Peralta se reservó el derecho a declarar y pidió más tiempo para preparar su defensa. El juez de control, Manuel González Morales, fijó la audiencia de vinculación a proceso para el próximo viernes a las 15:30 horas, donde se determinará si será procesado por los delitos que se le imputan.
El caso de Moisés Ochoa Peralta no es un hecho aislado: refleja cómo, durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, los órganos de control interno se convirtieron en engranes de encubrimiento y no en frenos a la corrupción.
Hoy, el proceso judicial contra este exfuncionario abre una grieta en ese sistema de complicidades, pero también exhibe lo que quedó intacto: una administración que toleró desvíos, absolvió a mandos cuestionados y permitió que el dinero público terminara en cursos fantasma.