El Congreso de Morelos recibió en sesión plenaria la comparecencia de Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien presentó un balance de su gestión y respondió a cuestionamientos de legisladoras y legisladores. Aunque el funcionario destacó avances en coordinación institucional, capacitación policial y atención a víctimas, la mayoría de las intervenciones se centraron en las carencias del sistema y las violaciones al derecho ciudadano de vivir en paz y con seguridad.
Desde Morena, la diputada Brenda Espinoza López urgió a acelerar la conexión del C2 de Cuautla con el C5 estatal y a reforzar la estrategia contra la extorsión, delito que sigue golpeando a comerciantes y familias. A su vez, el diputado Sergio Omar Livera Chavarría pidió resultados concretos en el combate a asaltos en transporte público, una de las agresiones que más vulneran a usuarios y choferes.
Por el PAN, Francisco Erik Sánchez Zavala denunció la falta de golpes efectivos al crimen organizado en la zona oriente, donde la extorsión se ha vuelto una práctica cotidiana, y Gerardo Abarca Peña exigió explicaciones sobre los homicidios que mantienen a Morelos entre los estados con mayor incidencia de este delito.
Otros legisladores pusieron el foco en la corrupción penitenciaria y en la deficiencia de protocolos policiales. El PVEM, a través de Luis Eduardo Pedrero González, pidió cuentas sobre el funcionamiento real de las cámaras del C5 y las medidas contra la corrupción en los penales. Desde Movimiento Ciudadano, Luz Dary Quevedo cuestionó la falta de capacitación para preservar cadenas de custodia, un aspecto clave para garantizar juicios justos.
La diputada Ruth Cleotilde Rodríguez, de Nueva Alianza, exigió garantías de que la corrupción en el sistema penitenciario no sigue operando, mientras que Tania Valentina Rodríguez, del PT, demandó actualizar la normatividad del Servicio Profesional de Carrera para evitar discrecionalidad en ascensos y grados policiales.
A pesar de los señalamientos, las y los legisladores coincidieron en que la seguridad será prioridad en la discusión del Presupuesto de Egresos 2026. El Congreso advirtió que cada peso destinado deberá traducirse en resultados tangibles para la población: reducción de homicidios, combate real a la extorsión y un sistema penitenciario libre de corrupción.
La comparecencia no cerró con consensos, pero sí con un mensaje claro: el derecho a la seguridad en Morelos no admite excusas ni retrasos. La ciudadanía, reiteraron diputadas y diputados, exige vivir sin miedo y con garantías plenas de sus derechos.