El primer informe semestral de la Fiscalía General del Estado de Morelos (febrero–agosto 2025) revela una paradoja en materia de procuración de justicia: mientras la institución presume incrementos récord en operativos, cateos y detenciones, los datos muestran una alarmante ausencia de indicadores que midan la eficacia real en los tribunales.
De acuerdo con el documento oficial, la Fiscalía ejecutó 344 cateos —un aumento del 215% respecto al mismo periodo de 2024— y reportó un 22% más órdenes de aprehensión cumplimentadas. Además, en delitos de alto impacto se contabilizan 87 detenciones en flagrancia, 199 carpetas por extorsión y 20 sentencias condenatorias por secuestro, con penas que alcanzan hasta los 130 años de prisión.
Sin embargo, el informe omite información clave: no se precisa el porcentaje de carpetas judicializadas, el número de sentencias absolutorias, ni los tiempos promedio que tardan las denuncias en convertirse en resoluciones judiciales. En otras palabras, la Fiscalía exhibe músculo operativo pero no demuestra que estas acciones se traduzcan en justicia efectiva.
El análisis también expone un patrón territorial crítico: la extorsión y el secuestro se concentran en los municipios de Cuautla y Ayala, donde la incidencia sigue siendo alta pese al despliegue de operativos. Esto sugiere que las estructuras criminales mantienen control en la zona, incluso con presencia institucional.
En feminicidio, la Fiscalía abrió 109 carpetas de investigación, judicializó 23 y obtuvo 20 sentencias condenatorias. En desapariciones, se reporta un 82% de efectividad en localización (355 personas halladas de 449 reportadas). No obstante, tampoco se publican tiempos de reacción en búsquedas ni la trazabilidad de medidas de protección otorgadas a mujeres en riesgo.
El área de Visitaduría General y Asuntos Internos realizó más de 5,500 recorridos de supervisión, de los cuales derivaron 52 recomendaciones y 12 resoluciones disciplinarias contra servidores públicos. Aunque esto refleja un intento de control interno, el número de sanciones luce reducido frente al universo de irregularidades detectadas.
El informe semestral de la Fiscalía confirma un avance en infraestructura, equipamiento y presencia operativa. Sin embargo, la gran deuda sigue siendo la justicia medible: faltan indicadores sobre cuántos casos llegan a sentencia, cuánto tarda cada proceso y qué tan satisfechas quedan las víctimas.
En un estado marcado por la violencia, la pregunta sigue abierta: ¿de qué sirve multiplicar cateos y detenciones si la ciudadanía no percibe sentencias firmes ni una reducción real de la impunidad?