Una audiencia inicial de control de detención por el delito de narcomenudeo terminó en un giro inesperado: la Fiscalía General del Estado (FGE) decidió desistirse de la acción penal en contra de Luis Noé Bretón Pérez, exservidor público señalado de presunta relación con el grupo delictivo encabezado por Abel Maya.
El mediodía de hoy miércoles, la agente del Ministerio Público del Centro de Operaciones Estratégicas (COE), Karen Angélica Mora Aureoles, informó al Juez Especializado de Control, Manuel González Morales, que por instrucción de su superior jerárquico se retiraban los cargos. Sin embargo, la defensa exigió que la audiencia se continuara para exhibir presuntas torturas y violaciones a derechos humanos cometidas durante la detención.
El Juez decretó un receso de 15 minutos para resolver la disyuntiva y finalmente avaló el desistimiento ministerial, lo que provocó críticas de otros abogados, quienes calificaron la determinación como una “chicaneada”. Con ello, se ordenó la libertad inmediata de Bretón Pérez, pero no alcanzó a salir de prisión: agentes de la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) lo esperaban con una nueva orden de aprehensión.
Mientras se desarrollaba la audiencia, en el exterior del juzgado se desplegó un amplio operativo de seguridad con participación de soldados del Ejército, Agentes de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y Agentes de Investigación Criminal (AIC), en un ambiente de alta tensión.
El intento de los defensores por denunciar tortura y abusos quedó silenciado con la decisión judicial, abriendo un nuevo debate sobre la transparencia y garantías en los procesos penales. Este caso refleja la constante tensión entre el debido proceso y la estrategia punitiva del Estado frente a personas que son vinculadas al crimen organizado.