El Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2025 revela que Morelos enfrenta un escenario forense precario: con apenas 144 millones de pesos de presupuesto, solo cuatro cámaras de frío y una capacidad máxima de 151 espacios para cadáveres, el estado se encuentra en una línea de riesgo frente a la violencia y desapariciones que marcan su realidad.
El informe del INEGI sobre servicios periciales y médico forenses muestra que Morelos cuenta con 239 trabajadores especializados, de los cuales el 45.6 % son mujeres y el 54.4 % hombres. La mayoría labora como peritos, mientras que apenas 31 personas realizan tareas administrativas.
En infraestructura, el estado opera con tres salas necroquirúrgicas, 11 mesas anatómicas, cuatro cámaras de frío y tres osteotecas, con capacidad total para resguardar 136 cadáveres con tejidos blandos y 15 sin tejidos. Estas cifras contrastan con el aumento de casos de homicidio y desaparición, lo que genera alarma por la saturación de los servicios forenses.
Un punto destacable es que Morelos dispone de 28 laboratorios forenses, de los cuales nueve son móviles, convirtiéndose en una de las entidades con mayor proporción de equipos itinerantes, lo que permite atención en campo, pero no resuelve el rezago estructural en morgues.
En materia presupuestal, el gasto ejercido en 2024 ascendió a 144.2 millones de pesos, muy por debajo de entidades como el Estado de México o Ciudad de México. Esta brecha financiera limita la modernización de infraestructura y la contratación de más personal especializado.
El rezago en capacidad forense ha sido señalado por organizaciones de derechos humanos como un factor que vulnera el derecho de las familias a la verdad y a la identificación digna de las personas fallecidas. La saturación de morgues no solo implica un problema logístico, sino una crisis humanitaria que afecta directamente la garantía de justicia.
Los resultados del CNPJE 2025 colocan a Morelos en un escenario forense frágil, con recursos insuficientes y un almacenamiento al borde del colapso. La falta de presupuesto, aunada a la creciente violencia en la entidad, exige medidas urgentes de fortalecimiento institucional y mayor transparencia en la gestión de los servicios periciales.