El Consejo de Juristas del Estado de Morelos, en el marco de su XIII aniversario, anunció un proyecto de capacitación jurídica en coordinación con el Gobierno del Estado a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos (ICATMOR). La iniciativa busca preparar a las y los abogados en la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, norma que transformará la forma de litigar en estas materias en todo el país.
La firma de convenios se llevará a cabo el próximo 6 de septiembre en Jojutla, Morelos, con la participación del ICATMOR y la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (CONCAAM). Para fortalecer la formación, se contará con la experiencia de operadores de justicia de la Ciudad de México y del Estado de México, entidades donde la oralidad en juicios civiles y familiares tiene ya varios años de práctica.
El anuncio llega en un contexto donde el sistema judicial morelense enfrenta cuestionamientos por retrasos procesales, rezago en expedientes y falta de capacitación especializada. La transición hacia la oralidad civil y familiar representa no solo un cambio normativo, sino un desafío en materia de garantía de derechos humanos, pues de la correcta aplicación de este código depende la protección de niñas, niños, familias y personas en situación de vulnerabilidad.
El Consejo de Juristas subrayó que la capacitación no puede seguir siendo una actividad marginal o de “buena voluntad”. La implementación del Código Nacional exige que jueces, litigantes y defensores se adapten a un modelo que privilegia la celeridad, la transparencia y la oralidad. No hacerlo perpetuaría las violaciones al debido proceso y la revictimización de las personas que acuden a tribunales en busca de justicia.
Con este esfuerzo, el Consejo de Juristas intenta posicionarse como un actor clave para enfrentar la desconfianza ciudadana hacia las instituciones judiciales. La firma de convenios con organismos nacionales y locales abre la puerta a que la abogacía morelense tenga herramientas para responder a la exigencia social de un sistema judicial más eficiente, accesible y respetuoso de los derechos humanos.