El Poder Judicial de Morelos atraviesa una crisis silenciosa que golpea directamente a las personas en prisión preventiva y a quienes esperan resoluciones judiciales.
La falta de jueces en materia penal, la suspensión de funciones de algunos togados y el retraso en la instalación del nuevo órgano de control han provocado un colapso en la calendarización de audiencias, dejando a familias enteras en la incertidumbre.
En entrevista con El Guardián Mx, el Magistrado Presidente Juan Emilio Elizalde reconoció que actualmente en la zona metropolitana solo hay dos jueces penales en funciones, en la región oriente dos jueces y en la sur apenas uno.
Esta escasez de perfiles genera diferimientos constantes y procesos detenidos. “El hecho de hacer estos cambios conlleva daños colaterales que lamentamos, pero indudablemente son necesarios”, justificó.
Designaciones temporales y rezago en justicia penal
El Magistrado Presidente admitió que las designaciones se están realizando de forma provisional, pues la convocatoria formal quedó suspendida a la espera de la entrada del nuevo órgano de administración. Dicho organismo debía iniciar en julio, pero hasta agosto seguía sin instalarse, dejando a la justicia penal en un limbo administrativo.
A ello se suma la suspensión de un par de jueces, lo que impacta directamente en la celebración de audiencias. Casos como el de personas privadas de la libertad trasladadas en 2024 —en donde un juez de control determinó que el procedimiento fue ilegal— siguen sin resolverse en segunda instancia. Las familias denuncian retrasos excesivos y sienten vulnerados sus derechos de acceso a la justicia.
Autonomía cuestionada y colegialidad obligada
Aunque versiones señalan que el presidente del Tribunal está limitado por un grupo de magistrados, Elizalde negó presiones y sostuvo que todas las decisiones se toman de manera colegiada. “Yo represento a un cuerpo de 21 magistrados; sus votos valen lo mismo que el mío. No puedo imponerles resoluciones”, afirmó.
No obstante, reconoció que la falta de resoluciones rápidas en las salas de alzada puede activar recursos por denegación de justicia, lo que evidencia la obligación del Tribunal de garantizar justicia pronta y expedita, un mandato constitucional que hoy se incumple en Morelos.
Un llamado a la prensa y a la sociedad
El magistrado hizo un llamado a la prensa para seguir señalando las fallas del Poder Judicial: “Ustedes son la puerta que nos permite darnos cuenta de lo que no vemos. Lejos de pedir que se callen, díganlo más, porque eso nos obliga a actuar”.
Mientras tanto, el rezago judicial sigue impactando a quienes menos margen de defensa tienen: las personas privadas de la libertad, quienes ven cómo el derecho a un debido proceso se diluye entre vacíos administrativos, designaciones temporales y audiencias diferidas.