El Instituto Nacional Electoral (INE) prepara, por primera vez, una jornada nacional de credencialización dentro de prisiones y reclusorios del país. El objetivo: garantizar que las personas privadas de la libertad, tanto en prisión preventiva como con sentencia, recuperen un derecho elemental que suele ser negado tras las rejas: la identidad oficial.
Marco Antonio Cruz Izalde, encargado de la vocalía del Registro Federal de Electores en la Ciudad de México, en entrevista con el periódico El Universal, explicó que el INE no solo otorga la credencial para votar, sino un documento de identidad reconocido en todo el territorio nacional.
“Una persona suspendida en sus derechos político-electorales —sin posibilidad de votar o ser votada— mantiene intacto su derecho a la identidad”, subrayó. Sin credencial, cientos de personas presas enfrentan limitaciones para trámites legales, acceso a servicios de salud o incluso para acreditar su nombre frente a autoridades.
El plan contempla ingresar a las prisiones en varias rondas: en unas se tomarán datos biométricos y fotografías, en otras se entregarán las credenciales ya elaboradas. Las familias tendrán un papel clave, pues podrán llevar la documentación necesaria de las personas internas. El procedimiento se realizará únicamente por citas, con anuncios colocados en los centros de reinserción.
El INE también evaluará las sentencias del Tribunal Electoral y acuerdos con autoridades penitenciarias para concretar el acceso. “Dependerá de convenios y negociaciones, pero este año esperamos estar dentro de las cárceles”, puntualizó Cruz Izalde.
Aunque México cuenta con más de 844 módulos de atención ciudadana y diez años de experiencia en credencialización en el extranjero, la población penitenciaria ha permanecido rezagada. Muchas personas internas perdieron su identificación al ser detenidas o llevan años sin actualizarla, lo que los deja en un vacío jurídico y humano: ser ciudadanos invisibles.
La medida responde a un reclamo constante en materia de derechos humanos: la identidad es un derecho básico reconocido en la Constitución y en tratados internacionales. Negarlo, incluso en prisión, significa multiplicar la exclusión y la vulnerabilidad de las personas privadas de la libertad.
Con este programa, el INE no habilitará el voto de la mayoría de la población penitenciaria —pues gran parte tiene suspendidos sus derechos políticos—, pero sí devolverá un documento clave para existir frente al Estado.
La credencialización en cárceles representa un paso inédito para que miles de personas privadas de la libertad recuperen un derecho que trasciende los muros de la prisión: ser reconocidos como ciudadanos, aunque no voten. El proceso arrancará este año, siempre que los convenios con autoridades penitenciarias lo permitan.