Un juez penal detuvo el intento de despojo en contra de la Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Morelos luego de que la Confederación Nacional Campesina (CNC) buscara acreditarse como propietaria de un inmueble histórico en Cuernavaca.
El litigio expuso presuntas irregularidades en la actuación de la Fiscalía General del Estado y de servidores públicos de Cuernavaca y Cuautla, denunciados por favorecer a la CNC y actuar en contra de la organización campesina.
Durante la audiencia correspondiente a la carpeta JC/800/2025, el Juez Especializado para Actos de Investigación, Jorge Alberto López Salinas resolvió que no existe víctima reconocida en el proceso, cuestionando así la participación de la Fiscalía.
En entrevista, el abogado defensor Eduardo Núñez Morales, dijo que esta intervención vulnera los principios de objetividad que deben regir a la institución, pues en lugar de investigar todas las líneas de investigación, centró sus acciones en perjudicar a la Liga de Campesinos.
El conflicto no solo involucra a la Fiscalía. El abogado reveló que funcionarios del Ayuntamiento de Cuernavaca y policías municipales han intervenido para favorecer a la CNC.
Incluso, videos presentados como prueba muestran a regidores de Cuautla y Cuernavaca compartiendo información sobre el inmueble en disputa, lo que refuerza la sospecha de un entramado político para consumar el despojo.
Para la defensa, la actuación de la Fiscalía configura un riesgo para el derecho a un debido proceso, pues se privilegia a una de las partes sin que exista un reconocimiento formal de víctima.
“La Fiscalía actuó en todo momento defendiendo intereses particulares y no los de la sociedad”, denunció Núñez Morales, quien llamó a la Fiscalía Anticorrupción a revisar la carpeta y frenar posibles abusos de autoridad.
La resolución judicial fue interpretada como un doble mensaje: por un lado, un reconocimiento a la independencia del juez, y por el otro, una alerta sobre los vicios que persisten en el aparato de procuración de justicia.
Núñez pidió al Fiscal General del Estado revisar la actuación de sus agentes, advirtiendo que su papel no debe ser el de “contraparte de la sociedad”.
El caso seguirá bajo observación, pues lo que está en juego no es únicamente la propiedad de un inmueble, sino la credibilidad de la justicia en Morelos frente a la injerencia política en procesos judiciales.