Organizaciones de periodistas denunciaron que el delito de Violencia Política por Razón de Género está siendo utilizado en Morelos como herramienta para intimidar y censurar a comunicadores críticos, en una tendencia que consideran parte de las llamadas Demandas Estratégicas contra la Participación Pública (SLAPP).
En conferencia de prensa, representantes del gremio periodístico señalaron que en los últimos años al menos seis periodistas morelenses han enfrentado procesos judiciales que, bajo la figura de violencia política de género, buscan frenar investigaciones y opiniones de interés público.
El caso más reciente es el de Paco Cedeño, periodista independiente de Cuautla, contra quien se ha iniciado un procedimiento que, afirman, encaja en un patrón internacional detectado por organismos de derechos humanos: el uso del sistema judicial para restringir la libertad de expresión.
De acuerdo con los comunicadores, este mecanismo reemplaza a la difamación penal —tradicionalmente utilizada para acallar voces incómodas— y otorga a servidores públicos un recurso legal que, en algunos casos, se emplea para proteger intereses personales o de grupo, antes que para salvaguardar derechos legítimos.
Las llamadas SLAPP —demandas iniciadas por actores poderosos contra críticos o denunciantes— suelen implicar tácticas como el forum shopping o “turismo del libelo”, es decir, elegir el tribunal que ofrezca mayores posibilidades de un fallo favorable para el demandante, sin atender al fondo de la causa.
Los periodistas subrayaron que no se trata de deslegitimar la protección contra la violencia política de género, sino de impedir que la norma se distorsione y se convierta en un instrumento de censura. “La ley no debe ser usada como mordaza; su función es garantizar derechos, no restringirlos”, afirmaron.
Asimismo, hicieron un llamado a que fiscales y jueces apliquen los estándares internacionales sobre libertad de expresión al procesar y juzgar casos relacionados con esta figura, y a que cada denuncia sea revisada de forma minuciosa para evitar abusos.
Las y los periodistas coincidieron en que defender la libertad de expresión es defender la democracia. Advirtieron que, si se permite que el miedo y las presiones legales sustituyan a la palabra, se empobrece el debate público y se debilita el derecho ciudadano a estar informado.