Tras los recientes cambios de jueces en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, al menos tres personas detenidas por presuntos delitos contra la salud fueron liberadas, luego de que las nuevas juzgadoras calificaran como ilegales sus detenciones debido a irregularidades graves en los informes policiales y retardos injustificados en su presentación ante la autoridad judicial.
Este miércoles 6 de agosto, la Unidad Especial del Centro de Operaciones Estratégicas (COE) encabezó tres audiencias de control de detención relacionadas con presuntos delitos de narcomenudeo en distintas modalidades, incluyendo con fines de comercio. Sin embargo, en todas las audiencias las juezas especializadas determinaron que las detenciones fueron ilegales.
Uno de los casos, identificado con el número de expediente JC/1019/2025, ejemplifica la gravedad de las fallas institucionales. La jueza declaró la detención de Erick Osvaldo G. Q. como ilegal al encontrar que el informe policial homologado carecía de veracidad y contenía información inverosímil. Además, la defensa señaló un retardo significativo en la puesta a disposición de la persona detenida, argumentando que el hecho no constituía un delito sino una falta administrativa.
Durante la audiencia, la agente del Ministerio Público, Karen Angélica Mora Aureoles, minimizó las inconsistencias señaladas al clasificarlas como “cuestiones meramente administrativas”. No obstante, la jueza no consideró válido ese argumento y ordenó la inmediata libertad de la persona detenida.
Estos fallos se dan apenas días después de que se implementaran cambios en la adscripción de jueces, motivados por críticas del secretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Urrutia Lozano, quien denunció que los jueces operaban como una “puerta giratoria”, liberando a supuestos delincuentes.
Sin embargo, estos nuevos hallazgos revelan que el problema no está necesariamente en el actuar judicial, sino en las fallas estructurales en los procedimientos de detención, la elaboración de los informes y la falta de capacitación policial.
La actuación de las nuevas juezas del juzgado de Atlacholoaya pone en evidencia que garantizar los derechos humanos y el debido proceso no es una concesión, sino una exigencia constitucional. Las resoluciones recientes también apuntan a una urgencia: revisar a fondo las prácticas del Ministerio Público y de los cuerpos policiales, cuya deficiente actuación pone en riesgo la legalidad de todo el sistema de justicia penal.