Milderd G. S., una joven de 23 años, fue reportada como desaparecida por su familia mientras permanecía incomunicada y bajo custodia de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI), implicada en el delito de extorsión.
El martes 29 de julio, Milderd fue presentada ante un Juez Especializado de Control, en Cuautla, luego de que se ejecutara en su contra una orden de aprehensión por presunta extorsión.
Durante la audiencia, la mujer denunció que el agente del Ministerio Público nunca le permitió realizar llamadas a sus familiares o a un abogado defensor para informar sobre su situación jurídica.
Aunque el Juez ordenó permitir a Milderd comunicarse con su madre, esta llamada no tuvo éxito porque la madre de la joven no acostumbra responder números desconocidos, trascendió en la misma audiencia.
Al no tener noticias sobre su hija, la madre presentó una denuncia formal el 30 de julio ante la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, activándose así la búsqueda oficial.
La situación provocó indignación cuando la propia Fiscalía difundió, el martes 4 de agosto, un comunicado informando sobre la vinculación a proceso de Milderd por extorsión, revelándose así que la misma persona que buscaban desesperadamente había permanecido bajo su custodia e incomunicada.
Este hecho resalta una grave violación a los derechos humanos, específicamente al derecho fundamental establecido en la cartilla de derechos para personas detenidas, que garantiza la comunicación inmediata con familiares o representantes legales.
A pesar de esta obligación legal, denuncias similares sobre incomunicación ilegal se han repetido contra la FIDAI en procedimientos de personas detenidas.