El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación expresó su rechazo ante la propuesta de ampliar el horario laboral en el Instituto Federal de la Defensoría Pública, calificándola como una forma de esclavitud encubierta que vulnera derechos laborales y humanos.

A través de un pronunciamiento oficial fechado el 18 de julio de 2025, el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación manifestó su “enérgica y contundente protesta” por la posible implementación de nuevas disposiciones contenidas en las “Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de la Defensoría Pública”.

La principal preocupación se centra en la exigencia de disponibilidad laboral las 24 horas del día, lo que el sindicato considera un atentado directo contra la dignidad, el bienestar y los derechos fundamentales de las personas trabajadoras.

El documento señala que esta medida contradice la política institucional de “cero tolerancia frente a cualquier conducta que vulnere la dignidad de las personas”, proclamada por el propio Consejo de la Judicatura Federal en sus circulares internas.

Según el sindicato, imponer una jornada extendida o presencia prolongada sin remuneración adicional pone en riesgo el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, y atenta contra la salud mental y física del personal.

En el comunicado también se advierte que la productividad no puede medirse únicamente por horas de presencia, sino por la calidad y el compromiso con el trabajo realizado.

El sindicato subraya que este tipo de disposiciones violan normas constitucionales y acuerdos internacionales que regulan la jornada laboral, como el artículo 123 de la Constitución, las Condiciones Generales de Trabajo y el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura sobre desconexión digital y prevención de la violencia laboral.

La representación sindical hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para reconsiderar esta propuesta, apelando a principios de justicia y respeto.

“El bienestar de las personas trabajadoras es y debe ser siempre la base de cualquier tarea”, concluye el documento firmado por Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional.