Una persona empleada del área jurídica del Centro de Reinserción Social (CERESO) Varonil de Cuautla denunció por presuntos actos de abuso de autoridad, hostigamiento y amenazas por parte del director del penal, Gabriel Álvarez Mosqueda.
La persona víctima asegura, en su denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado (FGE), haber sido amedrentada tras oponerse a cambios laborales arbitrarios que afectaron su salud y condiciones de trabajo.
De acuerdo con la denuncia asentada en la carpeta de investigación CT-UEDD/4119/2025, la servidora pública señaló que el pasado 21 de mayo fue informada, junto con otros compañeros, sobre una reestructuración interna en el penal.
A partir de ese momento, fue retirada de su área de trabajo y se le asignaron nuevas funciones bajo las órdenes de una nueva titular jurídica, Dulce María de la Luz Martínez, quien al parecer no cuenta con el perfil profesional para ostentar dicho cargo.
La denunciante expresó que este cambio implicó modificaciones sustanciales en su horario laboral, incluyendo salidas hasta las 22:00 horas, lo que afectó su salud física y mental.
Ante estos hechos, acudió al área médica del penal, donde el doctor Eduardo Cázares Padilla constató una presión arterial elevada (160/110), por lo que fue canalizada al Seguro Social, donde se le diagnosticó crisis hipertensiva derivada de ansiedad y estrés.
Durante este proceso, la trabajadora fue objeto de expresiones intimidatorias y ofensivas por parte del director del penal. Según el testimonio, Álvarez Mosqueda le gritó: «Si no tienes nada mejor que decir, quédate callada. Siempre dices puras pendejadas. Yo soy muy amigo del Coordinador del Sistema Penitenciario, y es fácil que te corran.”
Además, en un nuevo intento por aclarar su situación laboral, la víctima relata que el 16 de junio fue nuevamente increpada por el director, quien reconoció haber cometido un error administrativo, pero desestimó sus reclamos diciendo: «Todos tenemos trabajo, esas son excusas pendejas.”
La trabajadora presentó formal denuncia por hechos que podrían constituir delitos cometidos en su agravio, señalando que teme por su integridad física y mental ante el contexto de intimidación y abuso de poder.