Una lucha de poder marcada por corrupción, traiciones y abusos ha estallado en los centros penitenciarios de Morelos, y revela una trama profunda de ilegalidades entre altos mandos directivos.
Los reportes internos acusan directamente a Lucia Azareth Olvera Torres, directora del penal femenil, de presuntas actividades ilícitas como prostitución y de cobros ilegales de hasta 2 mil pesos por persona.
El conflicto ha escalado aún más con acusaciones mutuas de traición, al descubrirse que la semana pasada un escolta del director general, José de Jesús Zavala Valdez intentó ingresar un cargamento clandestino al área varonil.
El escolta de “Vulcano” utilizó un camión compactador de basura para introducir televisores y celulares, pero al ser revisado en el área de aduanas fue asegurado por el director del penal varonil, Pablo Guillén, quien no tenía conocimiento de ello.
En esta pugna por el control absoluto, la directora Olvera Torres habría solicitado al comandante Zavala, la eliminación de personal que no apoyara sus prácticas corruptas, exhibiendo públicamente el enfrentamiento y división entre directivos penitenciarios.
El pasado sábado 12 de julio, personal de seguridad y custodia informó que una jefa de seguridad del penal femenil presentó su renuncia ante la serie de irregularidades que se están registrando.
Por otro lado, se denuncian extorsiones sistemáticas por servicios básicos y la venta abusiva de artículos a mujeres internas, incrementando la tensión y el malestar dentro del sistema penitenciario.
Un ejemplo es que la directora del penal “vendió TV de 10 pulgadas a las internas por celda en 9 mil pesos, ventiladores en 500 por persona privada de libertad.”
“Las concentra en el área de vinculación a las PPLS para ver películas, como área de cine y les cobra 25 pesos por persona además les vende la comida”, denuncia el propio personal del penal, a través de cartas recibidas por este medio.
Estos enfrentamientos internos, cargados de traiciones y disputas de poder, evidencian una profunda crisis en la gestión penitenciaria del estado y contradice el discurso oficial de la Gobernadora, Margarita González Saravia.
La impunidad y las violaciones a los derechos humanos aún prevalecen y no sólo afectan a las personas privadas de libertad sino también al personal de seguridad y custodia, quienes también denuncian la suspensión sus vacaciones y otros derechos laborales.