Habitantes de Los Sauces, en Ayala, acusan a funcionarios del Registro Público de Morelos de operar una red de despojo y falsificación de propiedades, con respaldo institucional.
Vecinos de la Unidad Habitacional Los Sauces, en el municipio de Ayala, Morelos, denunciaron una presunta red de despojo de viviendas que operaría con la protección de Óscar Humberto Rosales Rangel, titular del Registro Público de la Propiedad del estado.
La acusación fue formalizada mediante un oficio entregado el 17 de junio de 2025 a la gobernadora, Margarita González Saravia.
En el documento, los residentes señalan que dicha red estaría encabezada por Rosales Rangel y respaldada por Eleazar Velazco Ocampo, director jurídico del Instituto de Servicios Catastrales, y su subordinada Lorena de la Rosa Mejía.
De la Rosa Mejía, hija de Ivone Mejía —administradora del fraccionamiento—, es señalada de registrar propiedades a nombre de su madre sin acreditar legalmente la posesión.
Según los testimonios, la funcionaria presume tener “mano libre” en el Registro Público gracias a sus vínculos dentro de la institución.
“Ya nos grita que un día será dueña de todos los departamentos”, relatan vecinos que temen más invasiones con el aval de autoridades.
Los denunciantes también acusan que la familia Mejía ha financiado lujos personales, como cirugías estéticas y vehículos de alta gama, con recursos obtenidos de rentas ilegales y apropiación de viviendas.
Aunado a lo anterior Lorena de la Rosa Mejía presume en sus redes sociales fotografías de viajes a otros países.
El documento fue firmado por el representante del Comité Vecinal, Jorge Arroyo, y recibido oficialmente por la administración estatal. Los vecinos exigen una intervención inmediata para frenar estas prácticas, así como sanciones ejemplares contra los servidores públicos involucrados.
A fin de conocer su versión con respecto a la denuncia, se solicitó entrevista con Rosales Rangel a través de su auxiliar Adriana Lafraga, pero no hubo respuesta alguna.
La comunidad de Los Sauces sigue en espera de acciones concretas por parte del gobierno estatal para frenar lo que consideran una red institucional de corrupción y despojo.
