El proceso para renovar la dirigencia de la Asociación de Ministerios Públicos y Ex Agentes del Ministerio Público del Estado de Morelos ha sido manchado por prácticas que contravienen el Código de Ética profesional, al favorecer abiertamente a un candidato e ignorar los principios de imparcialidad, legalidad y respeto institucional.
A menos de una semana de que se celebre la Asamblea Ordinaria de la Asociación de Ministerios Públicos y Ex Agentes del Ministerio Público del Estado de Morelos, las denuncias internas por manipulación del proceso electoral se intensifican.
El actual presidente de la organización, Omar Alexandro López Ortiz, ha sido señalado por usar su cargo para favorecer a Juan Carlos Fontes Jordán como sucesor, en abierta contravención al Código de Ética Profesional que rige a los agentes del Ministerio Público.
Fontes Jordán es uno de los dos aspirantes que cumplen los requisitos estatutarios para ocupar la presidencia del Consejo Directivo 2025-2027, junto con Judith Bravo Aguilar.
No obstante, testimonios de miembros de la asociación apuntan a una operación interna encabezada por López Ortiz para asegurar su imposición, lo que compromete el principio de neutralidad y equidad que debería guiar estos procesos.
El Código de Ética, en su artículo 2°, obliga a los agentes del Ministerio Público a “aplicar estrictamente la ley, sin hacer discriminación alguna” y a “evitar que sus propios intereses influyan en su actuación”. Más aún, el artículo 3° prohíbe obtener beneficios derivados del cargo o permitir que intereses personales interfieran con las funciones públicas.
El Consejo Directivo emitió una depuración que deja fuera a la candidata Elizabeth Lázaro Torres por no cumplir con las asistencias requeridas, sin embargo, la opacidad en la validación de los criterios ha levantado sospechas.
La falta de mecanismos independientes de supervisión también pone en entredicho el compromiso de la asociación con la rendición de cuentas y la legalidad.
Además, la convocatoria a la asamblea del próximo 28 de junio, emitida por el propio López Ortiz, establece que la sesión será válida “cualquiera que sea el número de presentes o representados”, abriendo la puerta a decisiones tomadas sin representatividad real.
El escenario electoral de esta asociación, integrada por operadores fundamentales del sistema de justicia penal en Morelos, enfrenta una crisis de legitimidad.
La elección del nuevo consejo directivo no solo definirá el futuro de la organización, sino que pone a prueba su congruencia ética y su responsabilidad frente a la ciudadanía. En un estado marcado por la impunidad, los ministerios públicos no pueden darse el lujo de ignorar sus propios principios.