- «Me detuvo la SEPRAC, que tenía un arma y me bajaron; me pegaron y me trajeron para acá», denunció Carlos Hiram.
Carlos Hiram P. A. no fue detenido, fue cazado. Así lo denunció durante la audiencia inicial ante el Juez Especializado de Control, César Augusto Galán Delgado, quien —a pesar de las inconsistencias en la narrativa ministerial— le impuso la medida más severa: prisión preventiva justificada.
Según lo narrado por la propia persona imputada, agentes de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca (SEPRAC) lo interceptaron, lo obligaron a bajar de su vehículo, lo golpearon y lo trasladaron ante la autoridad sin explicarle el motivo.
El trasfondo del caso es una acusación formal: incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria, un delito que no amerita prisión preventiva automática.
Durante la audiencia inicial, celebrada la mañana de hoy jueves 3 de abril, el Ministerio Público sostuvo que Carlos Hiram representaba un “riesgo procesal” por carecer de arraigo domiciliario.
Sin embargo, la defensa presentó comprobantes de domicilio y su acta de nacimiento, documentos que desmentían el argumento de fuga. Además, Carlos Hiram se había presentado de manera voluntaria a seis audiencias previas, que fueron diferidas sin explicación.
A pesar de ello, el juez Galán Delgado no desestimó la solicitud. Al contrario, revisó el expediente hasta encontrar el pretexto: una supuesta dilación en el procedimiento —dilatación que no fue atribuida al imputado—, y con ello justificó la prisión preventiva.
La decisión abre dudas legítimas sobre la imparcialidad judicial y revive una preocupación constante en el sistema penal acusatorio: el uso excesivo de medidas cautelares en casos que no lo justifican.
Carlos Hiram P. A. continúa bajo resguardo, privado de la libertad mientras su caso avanza por un proceso judicial marcado, desde el primer momento, por lo que parecen ser irregularidades de forma y fondo.