A pesar de una orden judicial clara y firme, las autoridades del Centro de Reinserción Social (CERESO) de Atlacholoaya mantienen en el limbo jurídico a más de cien personas privadas de libertad que, desde el 8 de marzo de 2024, fueron trasladadas de forma ilegal a penales federales en Sinaloa, Durango, Guanajuato y Michoacán.
La instrucción del Juez Especializado de Ejecución fue puntual: regresar a las personas internas a Morelos. Sin embargo, hasta este viernes 28 de marzo de 2025, la sentencia sigue sin cumplirse. El silencio institucional es estruendoso.
De acuerdo con los familiares de los internos, el Coordinador del Sistema Penitenciario en Morelos, Eduardo Javier Romero Espinosa, no ha dado respuesta al requerimiento judicial ni ha presentado el informe solicitado por el propio juez, que busca conocer las razones detrás del incumplimiento.
El colmo de la desobediencia institucional quedó evidenciado desde el 7 de noviembre de 2024, cuando se celebró la última audiencia sobre este caso. En esa ocasión, el juez fijó como fecha límite el 8 de marzo de 2025 para ejecutar la resolución. La fecha llegó… y la autoridad penitenciaria no actuó.
Hoy, mientras las familias siguen esperando y los derechos de los internos continúan vulnerados, la autoridad penitenciaria guarda silencio. En Morelos, al parecer, hay mandatos judiciales que se pueden ignorar sin consecuencias.