Cuatro meses después de haber sido detenida y públicamente exhibida como presunta líder criminal, la tesorera del municipio de Temoac, Andrea Angelina Zamora Castilla, recuperó su libertad. La Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) no presentó nuevas imputaciones en su contra por delitos de alto impacto, como secuestro o extorsión.
Zamora Castilla fue detenida el 12 de noviembre de 2024, en un operativo en el que las autoridades la señalaron como “La Jefa” o “La Patrona”, supuesta cabecilla del grupo delictivo “Los Aparicio”. Sin embargo, más allá del espectáculo mediático, la Fiscalía solo logró imputarla por dos delitos: posesión de arma de fuego y delitos contra la salud.
El pasado 21 de marzo, un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal la sentenció a dos años y seis meses de prisión, tras la celebración de un juicio abreviado solicitado por su defensa. Este mismo recurso legal le permitió obtener un beneficio de sustitución de pena.
La mañana de este miércoles, Zamora Castilla compareció nuevamente ante una jueza por el proceso que sigue abierto por delitos contra la salud. No obstante, como ya fue sentenciada por el delito de posesión de arma de fuego, por el que se le impuso prisión preventiva oficiosa, la medida cautelar quedó extinguida y se ordenó su liberación inmediata.
A solicitud de la agente del Ministerio Público, la jueza Alma Patricia Salas Ruiz impuso nuevas medidas cautelares relacionadas con el proceso que aún sigue abierto: firma periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares para Adultos (UMECA) y prohibición para salir del país. De incumplir estas condiciones, Zamora Castilla y las otras tres personas detenidas junto con ella podrían volver a prisión.
Este caso pone en evidencia una práctica frecuente: la utilización de discursos públicos de alto impacto por parte de las autoridades, sin que las acusaciones mediáticas se traduzcan en cargos sólidos ante los tribunales. Mientras se busca presentar a las personas detenidas como generadoras de violencia, las imputaciones finales suelen limitarse a delitos menores.
El caso refleja una constante en el sistema de justicia penal en Morelos: el castigo por adelantado a través de la prisión preventiva, la exposición pública y la ausencia de sentencias firmes por delitos graves.